Bélgica ha sido denunciada por crímenes contra la humanidad durante la crisis de los refugiados de 2015. A través de un comunicado, la Liga de Derechos Humanos ha explicado que Bélgica «abandonó a estas personas en condiciones de vida inhumanas y degradantes», lo que contribuyó «directamente» al «hacinamiento» observado en los campos de refugiados situados en islas griegas, principalmente el de Moria.

«Según el análisis de la Liga de Derechos Humanos, el Estado belga es responsable de actos que constituyen crímenes contra la humanidad, teniendo en cuenta el carácter de sometimiento generalizado y sistemático de miles de personas a condiciones de vida inhumanas y degradantes con todo conocimiento de causa», subraya la organización.

La organización cita, en concreto, un informe que la Comisión Europea publicó en 2017 para evaluar el cumplimiento de cada Estado miembro con respecto al acuerdo alcanzado en el marco de aquella crisis migratoria para acoger de forma conjunta a 160.000 personas.

«Falta de escrúpulos»

Según el citado estudio, el pacto impuso a Bélgica la obligación de acoger a 2.415 personas con derecho al asilo y por entonces el país solo había aceptado a 677 migrantes procedentes de Grecia, menos que la media del resto de socios comunitarios.

En consecuencia, la Liga de Derechos Humanos ha presentado una «acción de responsabilidad» ante el tribunal de primera instancia de Bruselas para «recordar al Estado belga que no puede olvidarse de sus compromisos europeos ni del Derecho internacional».

«Ni tampoco de la Justicia belga, que le ha condenado en varias ocasiones a respetar el derecho de acogida de centenares de personas», añade la organización antes de señalar que las obligaciones adquiridas por Bélgica tanto dentro de sus fronteras como de las de la UE «son vinculantes».

«La falta de escrúpulos que tiene para sortearlos, desafiando el Estado de derecho, nos preocupa enormemente. Llamar a las cosas como son, crímenes de lesa humanidad y luchar contra la impunidad, es un paso crucial para detener estas prácticas», reivindica la Liga de Derechos Humanos.