«El derecho al paro es un paso importantísimo, pero todavía no hay respuesta para los grandes males de nuestro colectivo. Yo tuve suerte y conseguí los papeles a los tres años, pero muchísimas compañeras tardan más de siete. Y lo peor es el trabajo de interna. No hay descanso y cuidas a personas muy enfermas. A mí un señor con demencia me llegó a amenazar con un cuchillo». Es el relato de Silvia Flores, nicaragüense de 61 años que llegó a Euskadi en 2010 para sacar adelante a sus cuatro hijos. Hace solo unos meses que pasó a trabajar de externa y se ofrece a salir con nombre y foto porque quiere dar visibilidad a la situación de mujeres migrantes que, como ella, se dedican a los cuidados y las tareas del hogar.

Ahora están en primer plano después de que esta semana se haya aprobado una reforma legal que salda una deuda histórica con ellas: el derecho a cobrar el paro. Empezarán a cotizar por este concepto, y también por el Fogasa, a partir de octubre. Un 5% recaerá en el empleador y un 1,05% en la trabajadora, si bien en el primer caso se establece una bonificación del 80% para que no resulte muy gravoso para las familias contratadoras. Así, para el salario mínimo de jornada completa (1.166 euros) el incremento de cuota será de 12 euros hasta los 250 (incluido el descuento del 20% en contingencias comunes).

El avance es enorme y se prevén efectos positivos. «Va ser un incentivo muy importante para que las trabajadoras reclamen estar dadas de alta y por las horas que realmente hacen», señala Isabel Otxoa, asesora en la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, que, sin embargo, también hace objeciones a la norma como muchas otras organizaciones. Reprochan que las empleadas tendrán que cotizar un año para cobrar el paro contributivo y que la reforma de su despido se ha quedado corta: se elimina la posibilidad de hacerlo sin alegar motivo alguno, pero se mantiene la indemnización de 12 días por año para varios supuestos.

Es un gran paso, pero con la nueva regulación laboral no se da solución a problemas graves del colectivo como el alto porcentaje de trabajadoras sin papeles, un asunto dependiente de Extranjería que es la principal causa de que más del 30% no esté dada del alta. No hay datos fiables sobre la economía sumergida, tan solo aproximaciones. Por ejemplo, se sabe por una encuesta del Eustat que 67.240 hogares vascos tenían servicio doméstico en 2014 y que al cierre de agosto se contabilizan 27.883 cotizantes en el Régimen del Hogar. De ellas, casi 12.000 son extranjeras, con Nicaragua, Honduras y Paraguay como principales países de origen.

Conseguir los papeles es una odisea. Para el arraigo social se exigían 3 años de residencia y una oferta con el salario mínimo de jornada completa, aunque recientemente se han suavizado los requisitos y abierto nuevas vías. Una de ellas es tener dos años de residencia y realizar un curso de formación en Lanbide. La está explorando Melisa Andrade, peruana de 36 años, que llegó a Euskadi en 2018. «Me puse a trabajar de interna por 900 euros, pero con la pandemia se acabó. Ahora sobrevivo con un trabajo de fin de semana con el que pago la habitación en Bilbao. Me apunté a un curso de sociosanitaria en Lanbide y con los años de residencia que tengo supuestamente lo conseguiré, aunque los trámites se eternizan».

Afrania Lazo, nicaragüense de 56 años, lleva aún más tiempo en la batalla. Cinco años. Desembarcó en 2017. Como muchas compañeras, empezó de interna irregular. «Uno de los trabajos lo tuve que dejar porque estaba enfermando. El señor al que cuidaba tenía alucinaciones y un día me lo encontré al pie de mi cama con un hacha», relata. Trató de trabajar de externa, pero con la pandemia perdió las casas que había conseguido y volvió al régimen de interna, sin conseguir que le hagan un contrato. Ahora sí parece que lo va a lograr. «Tengo dos contratos, uno de noche y otro de unas horas, con los que junto el salario mínimo. Son pensionistas que están confiando en mí», señala.

Los problemas de las migrantes para lograr papeles también tienen una cara ‘B’. Son muchos los casos en los que familias que les han dado trabajo de manera irregular para ayudarles a subsistir hasta conseguir los papeles se han encontrado con una denuncia. «Tengo un caso reciente de un cliente que accedió a tener a una trabajadora un año de forma ilegal para facilitarle el visto bueno de Extranjería. En cuanto consiguió los papeles se marchó y les denunció por tenerla de forma irregular», señala un abogado de Bilbao, que advierte de que están proliferando este tipo de denuncias, apoyadas por asesores especialistas en la materia, en las que se amenaza a las familias con ir a juicio si no pagan una cantidad determinada. «Las personas acceden porque las multas de Extranjería van de 10.000 a 100.000 euros», explica.

En su contexto
27.883 personas figuran como cotizantes en el Régimen del Hogar de la Seguridad Social, el 3% de la fuerza laboral vasca. El 95% son mujeres.

En situación irregular. Se calcula que un 30% de las empleadas del hogar no están dadas de alta en la Seguridad Social. No hay datos exactos, pero existe la referencia de que 67.240 hogares tenían servicio doméstico en 2014.

I Inmigrantes. Si se analiza la cifra de cotizantes, un 43% son extranjeras. En concreto, en julio sumaban 11.869. Los principales países de origen son Nicaragua (3.142), Honduras (1.474) y Paraguay (1.323).

Internas. No hay datos de cuántas trabajan en este régimen, pero una encuesta de 2014 contabilizaba 6.213 hogares con ese servicio. Este segmento está copado por inmigrantes y un 34% no tiene papeles.

Descansos. El 75% de las internas está a disposición del empleador más de las 60 horas semanales de máximo, según ATH-ELE. Un 36% no disfruta de descanso semanal y un 40% tiene que realizar cuidados a la noche.

Salario. Las empleadas del hogar tienen que cobrar al menos el salario mínimo interprofesional (SMI), que ha subido un 52% desde 2016. Este año está en 1.000 euros, con 14 pagas, que suponen 14.000 euros al año.

Empleadores denunciados
Liz Quintana, miembro del colectivo feminista ‘Trabajadoras no domesticadas’, reconoce que hay mucha hipocresía en la Ley de Extranjería porque las empleadas del hogar necesitan trabajar mientras acumulan los años de residencia exigidos. «Tendría que haber una regularización masiva», señala, aunque asegura que solo denuncian quienes han sufrido explotación. También afirma que es un mito que no quieran darse de alta porque cobran ayudas como la RGI, si bien en el lado de los empleadores aseguran que es muy común.

Por su parte, Josefina Roco, miembro de LAB, destaca que el otro gran problema es que las mujeres migradas que copan el servicio de internas sufren condiciones de «neoesclavismo» y que no hay ningún control por parte de Inspección. «El envejecimiento de la población en Euskadi y la dificultad de ingresar a los mayores en residencias se resuelve con la contratación de estas personas, muchas veces en condiciones que vulneran los derechos legales», dice. Su sindicato está tratando de negociar el primer convenio colectivo para el sector, pero la parte empresarial no se considera patronal para este colectivo.

Las internas pueden realizar un máximo de 60 horas semanales (20 no efectivas) y deben disponer de un descanso semanal de 36 horas y de 10 horas para descansar a la noche. En muchos casos no se respeta. «A mí me daban un día como mucho y tenía que levantarme a cualquier hora de la noche para cambiar pañales o lo que sea», apunta la nicaragüense Flores, que pertenece a la asociación Emakume Migratu Feministas. Su presidenta, María Juncay, critica que las internas cubren mañanas, tardes, noches y fines de semana y se les considere empleadas de hogar cuando su labor es sociosanitaria. «Este régimen se debería abolir», afirma.

En la nueva norma se da algún paso en esta materia al incorporar a las empleadas del hogar en la Prevención de Riesgos Laborales, si bien a la espera de un desarrollo reglamentario. En cuanto a las demandas de un control de Inspección, la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, apunta la dificultad de que en este caso el centro de trabajo es el domicilio, que es inviolable.

La reforma también mantiene el mes de indemnización en caso de fallecimiento del empleador. «Eso es duro. Te encuentras en la calle de un día para otro. Tienes que buscar una habitación y agarrar cualquier oferta», señala Flores. Todavía quedan muchos agujeros que resolver en esta colectivo de tanta precariedad.