La llegada a tierra de los ilegales rescatados por el pesquero Francisco y Catalina cuando se encontraban a la deriva, significa el final feliz de una dramática aventura, aunque para sus salvadores o, mejor dicho, para España, puede implicar el haber sentado un delicado precedente. Porque, contra toda lógica y contra toda previsión, el Gobierno español – llevado por un compromiso moral más allá del legal – ha terminado jugando el papel de pagano en un problema del que vergonzosamente se han desentendido los países más directamente concernidos.

43 de los 51 náufragos rescatados han tenido que ser acogidos por nuestro país en régimen de provisionalidad a la espera de que Italia y Andorra se hagan cargo de quince de ellos, Marruecos de sus nacionales y el Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas de los otros diez, que quedarán también previsiblemente alojados en España. Tras el aparente acuerdo diplomático multilateral forzado por Madrid el jueves, que rápidamente se fue al traste por el incumplimiento flagrante de Libia y la franca deslealtad de Italia, el Ejecutivo ha tenido que optar por una solución in extremis. Los siete días de gestiones para buscar un destino a los inmigrantes recogidos por el pesquero español, han sido tiempo más que suficiente para conocer las más vergonzantes muestras de irresponsabilidad por parte de naciones como Libia y Malta, que no han dudado en obviar el Convenio internacional sobre asistencia marítima de 1986, y que, para mayor escarnio, no parece que en absoluto vayan a sufrir ninguna consecuencia por su inacción, pese al nefasto ejemplo dado.

El incumplimiento de los usos marítimos es inaceptable porque puede derivar en una situación realmente kafkkiana por cuanto el dilema que, a partir de ahora, se les va a plantear a los patrones de los barcos pesqueros que surcan las aguas del Mediterráneo, plagadas de pateras con inmigrantes ilegales, no es baladí. Ayudar y asumir las consecuencias de que luego los Gobiernos afectados no reaccionen como debieran o dejar pasar y esperar que sea otro el que los recoja, si es que alguien lo hace, son decisiones que pueden costar vidas. Ayer. las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno dejaban traslucir un merecido orgullo de haber cumplido con la obligada acción humanitaria, pero reconocido el mérito, que lo hay, es obligado pasar a una crítica severa de la inoperancia que ha demostrado la UE para resolver una cuestión que involucraba a un barco de un país comunitario que intentaba desembarcar en un puerto también comunitario y que sólo ha podido hacerlo cuando su propio Gobierno ha asumido las obligaciones que sus propios socios han esquivado.