Madrid – Los presos católicos que pueblen en un futuro las nuevas 11
cárceles que proyecta levantar el Estado, cuatro de ellas ya en
construcción, estarán privados de libertad, pero también de un lugar
adecuado para rezar sus oraciones, pues como indican desde la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepsa), «las
capillas no están contempladas en los nuevos penales». Un cambio en la
nueva arquitectura penitenciaria que se aleja de las prisiones que, como
la de Jaén, la de Albolote en Granada, la de Alcalá de Guadaira (Sevilla),
la de Cáceres, la de Badajoz, la de Teixero (A Coruña), la de Bilbao y
tantas otras consultadas por LA RAZÓN, fueron diseñadas para albergar
oratorios y cuentan en la actualidad con una capilla a la que pueden
acudir los reclusos. Las fuentes de Instituciones Penitenciarias confirman
que no habrá capillas, pero sostienen que se «adecuará una zona
polivalente que permitirá los oficios religiosos en función de la
solicitud de los internos».
   Más suerte correrán los internos
que profesan otras religiones, como es el caso de los musulmanes, quienes,
al igual que los que tengan un régimen médico especial, podrán
beneficiarse de un menú cárnico que vaya acorde con sus creencias. El
cerdo, alimento prohibido para los fieles del Islam, al igual que las
bebidas alcohólicas, les será sustituido por otro tipo de comida como
pollo o cordero. Si la alimentación tiene una importancia capital dentro
de los seguidores del Corán, también la tiene para los discípulos de La
Torá, religión que tampoco permite la ingesta de carne de cerdo. Como a
los presos musulmanes, también a los judíos que estén tras las rejas se
les cambiará el menú gastronómico con el fin de respetar sus leyes
sagradas.
   «No tendrán un régimen especial, cumplirán su condena como
cualquier preso, pero tendrán una comida diferente al resto por cuestiones
religiosas, algo que ya se hace en algunas cárceles españolas», indican
desde Instituciones Penitenciarias.
   Las nuevas cárceles no
contemplan la arquitectura bioclimática, que supone un ahorro notable de
energía. En invierno, los presos dispondrán de calefacción en todo el
recinto. Y en verano, sólo las zonas comunes, como las salas de estar y de
televisión, y la zona de los funcionarios contarán con aire acondicionado.
Cuando apriete el calor, los internos podrán comprar ventiladores en el
economato de la prisión.
   Aunque los planos de los nuevos
penales son secretos y a los trabajadores «se les exige absoluta
discreción», la construcción responde a las llamadas «prisiones tipo, con
variantes genéricas, pues hay que adoptar la construcción al lugar y el
entorno», aseguran desde Siepsa.
   Desde Instituciones
Penitenciarias desvelan que las cárceles que se están construyendo – El
Puerto de Santa María (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla), Albocàser
(Castellón) y Estremera (Madrid) – incorporan «novedades en cuestiones de
seguridad, mejoras en las comunicaciones, como en el sistema de aperturas
de puertas blindadas, y en los equipamientos de las cocinas».
   Cada centro, cuya edificación costará 90 millones de euros, se compone
de 14 módulos residenciales, 8 para los hombres y 6 para las mujeres, con
capacidad para 1.008 internos en celdas individuales.
   Junto a los
módulos residenciales habrá otros polivalentes, indica Siepsa. Un módulo
de asistencia sanitaria «para la enfermería y las consultas médicas de los
reclusos». Otro de visitas y comunicaciones en los que se dispondrá de
«zonas con locutorios para las visitas de los presos y para los abogados
que los defiendan, salas de visita para familiares, y salas de visita bis
a bis», en las que los presos pueden relacionarse de forma íntima con sus
parejas. En el tercer módulo, de asistencia formativa, «se ubican el área
deportiva, que tendrá un campo de fútbol, y el área cultural, en la que se
realizarán talleres productivos y ocupacionales con aulas para su
desarrollo», como carpintería, soldadura, confección industrial o artes
gráficas.
   Dentro de las aulas culturales se desarrollarán las
aulas de informática en las que ladrones, narcotraficantes, violadores,
asesinos, estafadores y demás población reclusa podrá navegar de manera
gratuita por el ciberespacio a través de internet. Eso sí, aclaran desde
Instituciones Penitenciarias, «el acceso estará restringido en muchas
páginas con determinado contenido, por lo que no habrá un acceso total e
ilimitado, del mismo modo que sólo se podrá usar en unas horas
determinadas».
   Internet. Los presos, apuntan, «no podrán usar
el correo electrónico para comunicarse con el exterior. Internet será sólo
un instrumento de trabajo para que los internos aprendan informática, algo
que les facilitará el acceso a un puesto de trabajo una vez cumplan su
condena».
   Las nuevas cárceles cuentan también con otros
edificios como son la zona de servicios – lavandería, cocina, panadería,
economato, almacenes – , la de control de acceso, las oficinas, las salas
para el cuerpo de guardia, la jefatura de servicios, la cocina y las
instalaciones.
   Todos los penales tendrán una torre de vigilancia que
con un alcance de alrededor de 50 metros y desde donde se divisará todo el
recinto penitenciario, que ocupará una extensión de 35 hectáreas, y que se
consolida como un núcleo urbano autosuficiente cuyo mantenimiento costará
12 millones de euros al año.
   La población reclusa de cada
centro estará vigilada por 500 funcionarios de prisiones, es decir, habrá
dos de media por cada recluso, a los que se unirá un equipo de educadores,
enfermeros y monitores, unos 25 de media, y fuerzas de seguridad para la
custodia del exterior de la prisión.
   Han pasado 15 años desde
que se establecieron los diseños arquitectónicos penitenciarios que sirven
hoy de base a las nuevas prisiones que se están construyendo, y por ello,
la arquitecta Blanca Lleó apunta que son necesarios, tal y como se hizo a
mediados de los ochenta, «una nueva reflexión y debate acerca del modelo
carcelario vigente».
   La población reclusa casi se ha duplicado
desde 1990, año en el que se albergaba a 33.035 personas frente a las más
de 63.000 de ahora. España se sitúa como el país de la UE con la tasa más
alta de encarcelados, 146 por cada 100.000 habitantes, por encima de los
140 de Reino Unido, segundo país con más reclusos.