MANUEL ERICE

MADRID. El drama humano de la inmigración ilegal tiene en los menores el punto más frágil y preocupante. En Canarias, la llegada continua de pateras los últimos años, devenida en la más reciente oleada de cayucos, ha dejado ya a 455 inmigrantes menores – casi el doble de la capacidad instalada (en torno a 250) – en manos de las administraciones del archipiélago, según los últimos datos aportados a ABC por el Gobierno de Canarias. Del total de menores, sólo este año han llegado más de 280.

Tras algunos choques por el desbordamiento reconocido por las instituciones canarias, la solución al problema tendrá que pasar por la «solidaridad» de las comunidades autónomas para que pueda realizarse una distribución de menores en sus territorios, ya que el Gobierno ha descartado tomar una iniciativa similar a la que lleva a cabo con «sin papeles» adultos, que son trasladados periódicamente en avión a centros de la Península. Según avanzaron ayer a este periódico fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, convocará en breve el Consejo Superior de la Política de Inmigración, tras la petición que formalizó el jueves la consejera del Ejecutivo canario, Marisa Zamora. El objetivo del Gobierno de las islas es que las autonomías, que integran este órgano presidido por Rumí, acojan a al menos un número sustancial de menores.

Hasta ahora la petición canaria sólo ha encontrado buena acogida en la Generalitat catalana, que ya ha comunicado al ministerio su disposición a acoger menores inmigrantes y ha ofrecido plazas concretas, algo que ayudaría a aliviar el elevado coste de mantenimiento, la dispersión – no hay un gran centro disponible – y el añadido problema de convivencia que conlleva la atención masiva a menores.

Hasta ahora, la postura del Gobierno de la nación ha sido contraria a coordinar una distribución por el resto de España, al menos por iniciativa propia. Al igual que el acuerdo adoptado recientemente con Marruecos, el ministerio que dirige Jesús Caldera se ha mantenido en una oferta de construcción de un centro en el archipiélago – dos en el caso del país alauí – , financiado por este departamento, con la condición de que el Gobierno de Canarias pusiera el suelo. Propuesta que el Ejecutivo insular, sin descartarla del todo, rechaza como solución definitiva. Precisamente, durante la reciente visita de Zapatero a las islas, no dio una respuesta concreta a la demanda de su homónimo canario, Adán Martín.

La reivindicación canaria tuvo recientemente importante eco en el Parlamento Europeo. Una delegación enviada desde Estrasburgo a Tenerife y Fuerteventura – las islas con más «sin papeles» – a raíz de la llamada «crisis de los cayucos» puso el acento en la dificultad de la integración de los niños inmigrantes. El informe de la delegación, fechado el 26 de junio, hace hincapié en la masificación de algunos de ellos, especialmente el de Tenerife.

La responsable de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, exigió al Gobierno que dé una solución a un problema que requiere una «emergencia real» en Canarias, algo que a su juicio se afronta con «debilidad» en el reciente Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia aprobado por el Gobierno. Según Pastor, de dicho plan «no se deduce que la Delegación del Gobierno de Canarias vaya a articular adecuadamente la repatriación asistida, ni que se vaya a dotar a las autoridades de las islas de recursos para los centros».