Las negociaciones por el encaje de Gibraltar en la Unión Europea tras el brexit se siguen dilatando dos años y medio después de que Londres y Bruselas alcanzaran un acuerdo, el 31 de diciembre del 2022, cuando vencía el plazo. No era el definitivo, fue una salida práctica para evitar males mayores. España consiguió que la UE le concediera la última palabra en todo lo relativo a relaciones con Gibraltar, pero se decidió dejar para más adelante cuestiones capitales como la movilidad de sus habitantes y de los trabajadores transfronterizos o su acceso al espacio Schengen.En los últimos meses se han repetido reuniones en Madrid y las capitales del Reino Unido y Bélgica. Todas de carácter «técnico» para salvar los escollos que quedan. Según fuentes diplomáticas, el acuerdo final está cada vez más cerca y debería alcanzarse antes de final de año.

Con el brexit, Gibraltar quedó en una posición delicada, casi convertida en una isla rodeada de países terceros y lejos de la cobertura del Reino Unido. La amenaza del cierre de la verja, de nuevo frontera exterior de la UE, planeaba otra vez sobre la región. Las conversaciones, sin embargo, no se centran ya en la reivindicación histórica de la soberanía del Peñón, sino en avanzar en el establecimiento de una «zona de prosperidad conjunta» en el Campo de Gibraltar.

La cuestión no es menor, los trabajadores transfronterizos, según datos de las autoridades gibraltareñas, constituyen cerca del 48 % de la población activa de la colonia. Rondan los 15.000, de los cuales casi diez mil son españoles. Hay mucho en juego en ambos lados de la frontera, asuntos como la entrada de mercancías o la sustitución de los agentes de la Policía Nacional por personal de Frontex para vigilar la entrada y salida del Peñón.

Bruselas pretende buscar soluciones para eliminar las comprobaciones y controles físicos en esa frontera, garantizando la integridad del espacio Schengen. Esto implica desarrollar una nutrida legislación en materia de visados, permisos de residencia, asilo y cooperación internacional.

De alcanzarse finalmente, el acuerdo sería válido para cuatro años, prorrogables, y se podría suspender unilateralmente en determinadas circunstancias. Esto no cambiaría la postura de España que, según la Moncloa, no considera a Gibraltar «parte integrante del Reino Unido». «Es una colonia británica en territorio español. España reclama que le sea reintegrado», zanja. Una pretensión que se ha suavizado desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y han mantenido sus ministros de Asuntos Exteriores: Josep Borrell, Arancha González Laya y, ahora, José Manuel Albares.

El último de los de los puntos calientes de estas conversaciones pasa por la aceptación de Gibraltar de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), básico para montar el andamiaje de la legislación conjunta.