Mal precedente
El Correo, 22-07-2006La llegada a tierra de los inmigrantes rescatados por el pesquero ‘Francisco y Catalina’ cuando se encontraban a la deriva significa el final feliz de una dramática aventura, aunque para sus salvadores o, mejor dicho, para España, puede implicar el haber sentado un delicado precedente. Porque, contra toda lógica y contra toda previsión, el Gobierno español – llevado por un compromiso moral más allá del legal – ha terminado por responsabilizarse de un problema del que vergonzosamente se han desentendido los países más directamente concernidos. De los 51 náufragos rescatados, 34 han tenido que ser acogidos por España de forma provisional, aunque en principio sólo debería hacerse cargo de 19. Tras el aparente acuerdo diplomático multilateral forzado por Madrid el jueves, que rápidamente se fue al traste por el incumplimiento flagrante de Libia y la franca deslealtad de Italia, el Ejecutivo ha tenido que optar por una solución in extremis. Los siete días de gestiones para buscar un destino a los inmigrantes recogidos por el pesquero español, han sido tiempo más que suficiente para conocer las más vergonzantes muestras de irresponsabilidad por parte de naciones como Libia y Malta, que no han dudado en obviar el convenio internacional sobre asistencia marítima de 1986, y que, para mayor escarnio, no sufrirán ninguna consecuencia por su inacción.
El incumplimiento de los usos marítimos es inaceptable por el dilema que puede plantear a los patrones de los barcos que surcan las aguas del Mediterráneo. Ayudar y asumir las consecuencias de que luego los gobiernos afectados no reaccionen como debieran o dejar pasar y esperar que sea otro el que los recoja, si es que alguien lo hace, son decisiones que pueden costar vidas. Por ello, hay que valorar la acción humanitaria de los tripulantes del pesquero alicantino y reconocer el gesto del Gobierno español, poniendo vidas por encima de razones legales. Pero en la misma medida es obligado criticar severamente la inoperancia que ha demostrado la UE para resolver una cuestión que involucraba a un barco de un país comunitario que intentaba desembarcar en un puerto también comunitario y que sólo ha podido hacerlo cuando su Gobierno ha asumido las obligaciones que sus propios socios han esquivado.
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