España puso ayer en marcha la operación de distribución de 43 de los 51 inmigrantes que hoy hace una semana fueron rescatados cerca de Malta por el pesquero Francisco y Catalina. Dos aviones del Ministerio de Defensa aterrizaron en el aeropuerto de la isla con la misión de transportar a 23 inmigrantes a España, 10 a Italia y otros 10 Libia. Los ocho restantes se quedarán en Malta.
El embarque debía realizarse ayer, pero no tendrá lugar como mínimo hasta hoy. Las autoridades de la isla habían autorizado a la nave la entrada en el puerto, pero 15 minutos después recibió la contraorden de regresar al punto de fondeo. La rectificación podría estar relacionada por el retraso en la llegada de los aviones fletados por Denfesa.
No todos los que sean trasladados a España se quedarán aquí. Cinco, originarios de Eritrea, viajarán a Andorra, donde una comunidad de esta nacionalidad se ha mostrado dispuesta a acogerlos. El Principado les otorgará una autorización temporal de residencia de tres meses que se podrá prolongar indefinidamente si así lo deciden los inmigrantes.
Otros cinco inmigrantes, marroquís, serán repatriados. Marruecos ya lo ha aceptado. Un paquistaní también regresará a su país de origen, en este caso a petición propia. El resto, otros 12, que partieron de Eritrea, podrían acogerse al estatuto de refugiados si así lo solicitan, al encontrarse su país en guerra.
El otro avión de Defensa viajará a Italia y Libia, los otros dos países, además de Malta, que han aceptado participar en el reparto tras la mediación del responsable de Seguridad de la Unión Europea, Franco Frattinni. Los motivos han sido la proximidad al lugar del rescate en el caso italiano y en el otro caso porque la embarcación había partido de las costas libias.

CRÍTICAS DE OENEGÉS
El reparto ha sido criticado por diversas oenegés. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), consideró “preocupante”, por ejemplo, la repatriación de diez eritreos a Libia, “donde se conocen casos de falta de respeto al derecho a solicitar asilo de estas personas o incluso de trato inhumano”. Amnistía Internacional (AI) formuló la misma protesta y añadió que Andorra tampoco dispone de “un marco de protección jurídica”.
Mientras el problema de Malta se ha desencallado, en la UE parece haber embarrancado momentáneamente el plan de vigilancia conjunta de la costa africana. El Gobierno español anunció que el plan se pondría en marcha el pasado día 18, pero aún no ha arrancado y no hay nueva fecha por “problemas jurídicos y financieros”, según anunció ayer la presidencia finlandesa.