Ha tenido que pasar una década para que la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato que representa a Salvamento Marítimo, haya conseguido respuesta a una reivindicación histórica. Su plantilla lleva desde 2012 bajo mínimos, incluso en el peor momento de la última crisis migratoria – cuando se avivaron las polémicas– pero, finalmente, contarán con un refuerzo fijo de cara a 2023.

Será gracias al proceso de estabilización que ha iniciado el Gobierno central para reducir la temporalidad de sus empleados públicos, lo que permitirá consolidar hasta 300 plazas de la sociedad estatal. De estas, 75 son de nueva creación y se concentrarán, sobre todo, en las zonas de mayor tránsito migratorio, como es el caso de Canarias.

En concreto, las unidades que operan en las islas podrán contar con un cuarto tripulante como segundo marinero en cubierta para afrontar los rescates con mayor garantía y equilibrar la sobrecarga de trabajo física y mental. Hasta ahora, la decisión de ese refuerzo se tomaba fundamentalmente en función del número de servicios realizados, por lo que no siempre era efectivo.

«Se trata de una buena noticia para las islas que tradicionalmente han tenido llegadas masivas puntuales, como Fuerteventura, o con rescates muy complejos, como La Gomera», enfatiza Ismael Furió, delegado de CGT. «En lugares como El Hierro, por ejemplo, no se incluía el cuarto tripulante porque las operaciones no eran muchas, pero se trataba de pateras que estaban muy alejadas de la costa o que llegaban a zonas muy accidentadas, por lo que sin duda convenía tenerlo».
Explica el representante sindical que a esto se suma otra complicación de carácter estructural. A raíz de los recortes de personal de 2012, durante la fusión de Remolmar con Sasemar, el ministerio de Fomento declaró a sus trabajadores como «fijos a extinguir». Una condición que ha imposibilitado la cobertura estable de las vacantes mediante Ofertas de Empleo Público (OEP) como en el resto de sectores.

Como consecuencia se ha recurrido a la contratación temporal «con todos los inconvenientes que supone». Por un lado, se han hecho «esfuerzos inútiles» en formar a personas que no iban a tener una continuidad en el puesto y cada vez que adquirían una experiencia de campo mínima, había que despedirlos. «El problema es que iba contra la ley encadenar contratos pero tampoco se nos había incluido como trabajadores públicos que somos», insiste Furió.

Por otro lado, el Ministerio ha estado haciendo «malabares» con los refuerzos en función de los picos migratorios: si se producía un incremento en la zona del Estrecho, se apostaba por introducir al cuarto tripulante en las unidades de allí, pero si al mismo tiempo ocurría un repunte en Canarias había «problemas».

Con el plan de estabilización, los refuerzos se producirán en todas las unidades independientemente de estas cuestiones.
Además, las plazas ofertadas contemplan a segundos oficiales para los grandes remolcadores que sirven de apoyo a Salvamento. Es el caso del buque Punta Salinas y el Miguel de Cervantes, que operan en Canarias. «Sus tripulaciones estaban reducidas a la mínima de seguridad y como la ley obliga a descansar ocho horas entre guardias, tenían que volver a puerto señala. Con una personas más nos permite que en las operaciones de apoyo la embarcación pueda permanecer indefinidamente en el mar».

Más allá del incremento en recursos humanos, el Estado decidió invertir desde el año pasado cerca de 60 millones en la construcción de un mega buque destinado a grandes rescates – que no contemplaría las pateras – y otros 19 millones en dotaciones tecnológicas que también prevén ponerse en marcha el próximo año. Unas partidas duramente criticadas por el sindicato, que al mismo tiempo vio recortado su presupuesto para el refuerzo en la tripulación, pero que ahora podría servir de complemento para las unidades.