EL CORREO/MADRID

El Gobierno maltés pareció complacerse ayer en prolongar las penalidades que viven los diez tripulantes del pesquero almeriense ‘Francisco y Catalina’ y el medio centenar de inmigrantes rescatados el pasado viernes de un cayuco a la deriva. Las autoridades de la isla, que durante todo este tiempo han mantenido el barco a quince millas de su costa, permitieron por la mañana que se acercase a doce y, finalmente, dieron permiso al patrón para arribar a La Valetta a las 18.30 horas, pero sólo tardaron quince minutos en revocar la autorización. Estos obstáculos llegan cuando el Ejecutivo español y la Comisión Europea ya han negociado la distribución de los extranjeros en cinco países: España se hará cargo de 18, con la previsión de repatriar inmediatamente a los cinco marroquíes y el único pakistaní, mientras que diez irán a Italia, otros tantos a Libia, ocho se quedarán en Malta y cinco acabarán en Andorra.

La jornada de ayer puso a prueba la paciencia de la tripulación y de los propios náufragos. El barco, vigilado siempre por patrulleras maltesas, recibió a las 10.00 horas la orden de aproximarse a doce millas, donde esperó en vano el visto bueno para entrar a puerto. Según Malta, esta maniobra sólo podría efectuarse cuando llegasen los dos aviones fletados por el Ministerio de Defensa para transportar a los inmigrantes, pero el despegue de los aparatos se retrasó hasta la tarde por problemas técnicos. La contraorden que concluyó esta jornada de despropósitos no estuvo acompañada de ninguna justificación y sumió en «el desánimo» a los ocupantes del pesquero, según explicó el segundo patrón, Bautista Molina.

Al cierre de esta edición, los marineros y 48 de los inmigrantes seguían a bordo, ya que una niña, su madre y una embarazada pudieron desembarcar el martes. La propia embajadora española en Malta, Marta Vilardel, describió ayer las condiciones en el barco como «de hacinamiento».

Problema de densidad

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, destacó ayer el ejercicio de «corresponsabilidad» que han tenido los cinco países que acogerán a los ‘ilegales’. Moratinos se mostró comprensivo con la actitud de Malta durante esta semana, ya que la isla sufre un «gravísimo» problema de densidad de población agravado por la llegada «masiva» de inmigrantes, y agradeció la ayuda de Libia, que ya acoge a más de 50.000 subsaharianos en campamentos.

El reparto de los clandestinos entre varios países es el resultado de la mediación de la Comisión Europea. El responsable de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, se encargó de sondear la disponibilidad de Italia y Libia, mientras España negociaba con Andorra. El principado – donde ya reside una comunidad procedente de Eritrea, país de origen de 45 miembros de la expedición – se hará cargo de cinco personas de esta nacionalidad y les concederá un permiso de residencia de tres meses, aunque el presidente ha adelantado que la decisión de quedarse más tiempo será sólo de los propios extranjeros. «Se ha pasado de una disputa entre estados a un examen de la solidaridad europea», se felicitó ayer el portavoz de la Comisión, Pietro Petrucci.

Las ONG, en cambio, no ven el desenlace con tan buenos ojos. Amnistía Internacional alertó de que Libia y Andorra no han ratificado la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, si bien su preocupación se centra, como es lógico, en el país magrebí. De momento, ninguno de los inmigrantes ha solicitado asilo, pero la problemática situación en Eritrea hace pensar que sus vidas pueden correr peligro si son devueltos a su país. Intermón Oxfam ha criticado el «improvisado» reparto entre países y CEAR y Cáritas han tenido duras palabras para la actuación maltesa.

Cruz Roja anunció ayer que concederá su medalla de oro a los tripulantes del pesquero y el eurodiputado socialista Antonio Masip los ha propuesto como candidatos al Príncipe de Asturias de la Concordia.