Gracias a las intensas gestiones diplomáticas del Gobierno español y la UE, las autoridades de Malta accedieron por fin al desembarco en La Valeta de los 51 inmigrantes rescatados en el mar por el pesquero español Francisco y Catalina. Los náufragos fueron acogidos por la tripulación del pesquero, que ha cuidado de ellos durante seis días, ante la negativa del Gobierno maltés a autorizar su desembarco. Los inmigrantes, a excepción de ocho que se quedarán en Malta, serán trasladados a España y posteriormente distribuidos entre varios países: Libia, Italia y Andorra, además de España. La generosidad y la actuación solidaria de la tripulación del pesquero, con su patrón José Durá al frente, ha sido reconocida y alabada no sólo en España, sino en Europa y en todo el mundo. Si el pesquero ha dado todo un ejemplo, lo contrario cabe decir de la vergonzosa actuación del Gobierno de Malta, que se negó a aceptar a los náufragos, a pesar de que las leyes del mar le obligaban a ello por ser La Valeta el puerto más cercano al que podían trasladar a los rescatados. Es comprensible la preocupación de las autoridades de ese país por la presión migratoria, pero por la misma regla de tres, el Gobierno español podría rechazar a los que intentan llegar en pateras o cayucos. Al margen de que Malta pueda tener derecho a controlar su frontera, los derechos humanos básicos de los 51 náufragos están por encima de cualquier cosa.