En una carta remitida el 1 de julio y hecha pública este miércoles, Dunja Mijatovic insta a realizar una investigación que «debería examinar en particular las circunstancias y políticas más amplias relacionadas con la cooperación migratoria de España con Marruecos».

Su objetivo sería «prevenir futuras tragedias y garantizar que las políticas vigentes no violen las normas de derechos humanos», en referencia a lo ocurrido cuando más de 2.000 personas intentaron cruzar la valla entre Nador y Melilla el pasado 24 de junio.

La comisaria de DDHH del Consejo de Europa asegura que tiene información que indica que la cooperación en materia de inmigración hispano-marroquí conduce a acciones «que pueden exponer a los inmigrantes y demandantes de asilo al riesgo de violaciones de los derechos humanos».

Consciente de que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y a cooperar con otros Estados para hacerlo, recuerda que «debe hacerse en pleno cumplimiento de todas las normas internacionales de derechos humanos aplicables».

Así, subraya que «es crucial que los Estados miembros del Consejo de Europa no contribuyan, directa o indirectamente, a las violaciones de los derechos humanos mediante medidas adoptadas para aplicar su cooperación migratoria con terceros países».

Intercambio con Marlaska

Mijatovic recuerda al ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que garantizar la disponibilidad de suficientes rutas seguras y legales «es un elemento crucial de un enfoque conforme a los derechos humanos para abordar la migración irregular y evitar que las personas emprendan viajes peligrosos».

Además, pide que le mantenga informada de las medidas a adoptar por el Gobierno de Pedro Sánchez para «garantizar que la cooperación en inmigración y el control de fronteras dé prioridad a los derechos humanos en pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de España».

Grande-Marlaska contestó el martes a Mijatovic asegurando que «se están llevado a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido», en referencia a los procedimientos abiertos por la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo.

El ministro, que dice compartir con la comisaria «el dolor de España por las muertes acaecidas», señala en su respuesta que la protección y promoción de los derechos humanos y su integración en todo el sistema de protección internacional «son prioritarios para nuestro país».

Recuerda que, desde 2018, se han producido 177.099 llegadas irregulares al Estado español por vía marítima y certifica el «respeto por los derechos humanos de Marruecos, que impide decenas de miles de salidas irregulares hacia Europa».

Una comisión de DDHH marroquí cuestiona la actitud de Madrid

Por su parte, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una comisión dependiente del Gobierno de Marruecos, ha cuestionado este miércoles el papel de las autoridades españolas y ha argumentado que «vacilaron» a la hora de prestar «la asistencia y auxilios necesarios» para evitar un aumento de la violencia.

El informe final redactado por la comisión, presidida por Amina Bouayach y Mounir Bensalá, ambos nombrados por el rey Mohamed VI, ha cifrado en 23 el número de muertos y en 217 el de heridos, de los cuales 140 son policías y 77 migrantes, la mayoría procedentes de Sudán y Chad. Todos ellos habían llegado a Marruecos a través de Libia y Argelia.

El CNDH ha indicado que los hechos de violencia tuvieron lugar debido a la inacción de las autoridades españolas «a pesar de los empujones y enganches de migrantes frente a las puertas que permanecían herméticamente cerradas» y cuya consecuencia «más probable» fue la de «aumentar el número de muertos y heridos».

La entidad considera, además, que las muertes registradas durante el intento de asalto frente al paso fronterizo se produjeron por «asfixia mecánica» a causa de los empujones y la aglutinación de un gran número de personas, según la información del diario marroquí ‘Le Matin’ que ha recogido Europa Press.

La comisión, sin embargo, no ha podido determinar si el origen de las lesiones de algunos migrantes fueron consecuencia de las caídas y empujones sufridos o lesiones resultantes de un uso desproporcionado de la fuerza.

El CNDH, que ha realizado numerosas entrevistas con autoridades locales, asociaciones no gubernamentales y migrantes afectados, ha concluido también que «no se recurrió a las balas» en ningún momento y que las fuerzas de seguridad hicieron uso de porras y gases lacrimógenos.