Un joven absuelto por violación en Donostia pide que se le indemnice
Se trata del varón que fue acusado de agredir a una menor tutelada en la casa okupa de la calle Moraza y que estuvo dos años en prisión provisional; solicita 37.588 euros
Diario Vasco, , 13-07-2022El joven que permaneció dos años en prisión provisional acusado de violar a una menor en una casa okupa de Donostia y que después fue absuelto ha pedido que se le indemnice con 37.588 euros por el perjuicio causado. Los hechos ocurrieron en agosto de 2019 y el juicio se celebró en junio de 2021. En ese tiempo el acusado, que cuando fue detenido tenía 18 años, estuvo en prisión preventiva, hasta que en la última sesión del juicio, celebrado el pasado mes de junio, se dictó su puesta en libertad provisional hasta conocer la sentencia. En la misma la Audiencia de Gipuzkoa le absolvió. La Fiscalía pedía para el acusado 13 años y 6 meses de prisión. El tribunal consideró que no se probó que la agresión se produjera y tampoco que el chico se aprovechara de la vulnerabilidad de la menor, que vivía con una familia de acogida y la cual padece una discapacidad psíquica del 37%. Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de agosto de 2019. Aquel día el joven, de 18 años, y la menor, de 17, quedaron en el centro Tabakalera de Donostia. Después, ambos se trasladaron a una casa okupa de la calle Moraza. La menor aseguró que la violó, pero el acusado negó la agresión. El tribunal consideró que «todos los hechos nos sitúan en un contexto de plena voluntariedad por parte de ambos».
Problemas psiquiátricos
En su reclamación, presentada ante el Ministerio de Justicia, señala que debido al «estrés, incertidumbre por su futuro, ataques de pánico y de ansiedad generalizada, así como por ser agredido por otros reclusos, resultó acreedor del programa antisuicidios» en prisión, que le abocó a tomar medicación. Lo cual, sumado a problemas dermatológicos como la psoriasis, hicieron dicha estancia «un suplicio». En el escrito señalan que el joven, de origen magrebí, ha sufrido «un desprestigio social al haber sido acusado por un delito que él no cometió», lo cual provocó «una ruptura total con el entorno que él estaba creando» en Gipuzkoa. Por ello solicitan al Ministerio 37.588,02 euros por «daños y perjuicios por haber estado injustamente privado de libertad un total de 692 días».
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