Más de 251 millones de euros valían los 8,1 millones de unidades falsificadas intervenidas en el 2005 por las fuerzas policiales españolas, que realizaron 4.059 intervenciones (un 33% más que el año anterior) y 4.868 detenciones (28% más). Pero este retrato de la lucha oficial contra la piratería industrial e intelectual es sólo parcial, porque, como precisó hoy la directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Teresa Mogín, «no incluye datos en aduanas, ni de las policías locales, ni de Internet como vía de intermediación comercial».

También es parcial el «retrato autonómico» de la piratería, liderado en número total de intervenciones por la Comunidad Valenciana (18,8%), Andalucía (16,5%), Madrid (12%) y Cataluña (10,5%). Para empezar, no es uniforme en los dos ámbitos: se repite el primer lugar valenciano (22,6%) en operaciones sobre propiedad industrial, mientras madrileños (15,2%) y catalanes (12,8%) adelantan a los andaluces (11,6%); pero éstos (23,6%) se sitúan en cabeza en el apartado de propiedad intelectual, por delante de vascos (17%) y madrileños (10,5%).

Además, como explicó Damián Fuentes desde la Policía Nacional, la distribución geográfica tiene sus claves: la Comunidad Valenciana es punto de importación del sureste asiático, de donde llegan muchas falsificaciones; el buen clima andaluz favorece la venta ambulante en playas, y Madrid es un gran centro logístico nacional.

Debajo del ‘top manta’

Mogín apuntó tres detalles claves para analizar mejor el fenómeno de la piratería. Uno, su enorme peso global: las falsificaciones suponen entre el 5% y el 7% del comercio mundial de mercancías. Otro, la popularización de los productos copiados, que han ido pasando de los artículos de lujo a los de consumo cotidiano, incluidos juguetes, alimentos y medicamentos. Y el tercero, su creciente asociación a «bandas de delincuencia internacional que, además de explotar a inmigrantes en situación vulnerable, utilizan esos beneficios exorbitantes y de bajo riesgo para actividades ilícitas mucho más importantes».

Los inmigrantes que venden en el top manta para sobrevivir son sólo una imagen minoritaria del fenómeno, como señaló Soledad Rodríguez Antón desde el Consejo Superior de Cámaras de Comercio al recalcar que «el comprador no les hace ningún favor, sino que los condena a otra forma de explotación por las redes que los utilizan». El protagonismo africano y asiático en la venta ambulante de discos y vídeos, que en el segundo caso se extiende a las redes de distribución de falsificaciones procedentes de Oriente, explica en buena parte que más del 80% de las detenciones sean de ciudadanos extranjeros.

Mogín advirtió a los falsificadores que «vamos a por ellos y no vamos a permitir ese tipo de delincuencia»; remachó que al hacerlo «luchamos por los derechos de los explotados», y recordó que «la falsificación sería mucho más difícil si no hubiera compradores», que deberían «saber las consecuencias de su compra». Fuentes apostilló que «aunque cada vez es mayor, el eslabón que falla es la conciencia ciudadana».