EL PERIÓDICO
MADRID

La embajadora de España en Malta, Marta Vilardell, comunicó ayer tarde a la tripulación del pesquero español Francisco y Catalina que los 48 inmigrantes que aún permanecían en el barco, de los 51 que fueron rescatados por la tripulación cuando se hallaban a la deriva hace seis días, habían sido autorizados por las autoridades maltesas a desembarcar hoy en el puerto de La Valeta. La decisión cerraba la crisis abierta por el Gobierno de la isla, que desde un principio se negó a acoger a los sin papeles a pesar de que el capitán del barco había alertado de que no había suficientes alimentos a bordo y que las condiciones de salubridad empeoraban con rapidez.
El acuerdo, fraguado ayer por el Gobierno español, determina que los inmigrantes, tras tomar tierra, sean trasladados en avión a España. De ahí serán distribuidos por diferentes países africanos y de la UE que han aceptado acoger a los náufragos, la gran mayoría de ellos eritreos, aunque entre ellos hay cinco marroquís y un paquistaní. Identificar a los sin papeles era una de las condiciones impuestas por Malta para suscribir el compromiso.

CONVIVENCIA IMPOSIBLE
Tres de ellos, una niña, su madre y una mujer embarazada, ya habían sido recogidos el martes por un helicóptero para recibir asistencia médica en La Valeta. Por entonces, la situación a bordo era ya “desesperante”, según el testimonio de la tripulación. La convivencia en cubierta era, además, imposible. “No se puede caminar sin pisar a la gente”, explicó un pescador.
El comisario europeo de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, había insistido en la necesidad de “no dejar sola a Malta” ante la presión de la inmigración ilegal. Frattini subrayó, sin embargo, su agradecimiento a los marineros españoles por su actuación.
La gravedad de la situación había movido horas antes al Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, a enviar una carta a su homólogo maltés en la que reclamaba que adoptará medidas para posibilitar una salida “rápida y justa”. A juicio de Múgica, la negativa de Malta a acoger a los náufragos “minaría la confianza de las gentes del mar en la fiabilidad de los mecanismos de entrega a las autoridades tras los salvamentos y dificultaría su efectividad humanitaria”.

INDEMNIZACIÓN
El PP presentó una iniciativa en el Congreso en la que se pide que el Gobierno premie a los pescadores por su acción humanitaria y les compense económicamente por la inactividad a la que se han visto abocados. El pesquero Francisco y Catalina partió el 26 de junio de las costas españolas, comenzó a faenar tres días después y sus tripulantes tenían la intención de permanecer en la zona hasta finales de agosto, propósito que los pescadores todavía mantienen.