Desde hace veinte años, y de manera más intensa en los últimos, cientos de miles de personas, provenientes de diversas partes del mundo, se han afincado en el Estado Español con el ánimo de construir aquí un futuro para ellos y sus familias. No estamos ante una situación pasajera: todo apunta a que ese movimiento se mantendrá en los próximos años. Esos hombres y mujeres se han convertido en miembros de hecho de nuestra sociedad a la que aportan también su contribución y esfuerzo.

TXEMA MAULEÓN

Sus hijos nacerán y crecerán al lado de los nuestros e irán a la escuela con ellos. Una parte de esas personas proviene de diversos países de la Unión Europea y, aunque tienen legalmente la condición de extranjeros, su estancia y sus derechos están regulados por los Tratados de la Unión y no por la Ley de Extranjería. Son los y las extranjeras comunitarias. Otra parte mayoritaria en el Estado Español proviene de países situados en lo que comúnmente, a efectos descriptivos, denominamos Tercer Mundo. Son las zonas del planeta en las que se concentran una buena parte de los conflictos violentos, así como grandes fracturas sociales y políticas y futuros muy inciertos. Son personas cuyos derechos fundamentales están protegidos constitucionalmente, aunque, en su condición de extracomunitarios, sus derechos están regulados y limitados por la Ley de Extranjería, que restringe severamente derechos fundamentales a los inmigrantes en situación administrativa irregular. El artículo 13.2 de la Constitución, reformado el 27 de agosto de 1992 para acomodarse a lo establecido en el Tratado de Maastrich, establece que los extranjeros pueden ejercer el derecho activo y pasivo en las elecciones municipales, cuando así esté reconocido en un Tratado o haya reciprocidad.

Por tanto, tienen derecho a participar en las elecciones municipales aquellos extranjeros procedentes de países de la Unión Europea (en virtud del Tratado de Maastrich). También existen acuerdos de reciprocidad con Noruega, Argentina, Chile, Uruguay. Ahora bien, los acuerdos suscritos con los tres países latinoamericanos citados, están pendientes de unas regulaciones de desarrollo, y no son, por tanto, operativos. Hay países de la Unión Europea que, a diferencia del Estado Español, que reconocen el derecho de las personas inmigrantes, cualquiera que sea su nacionalidad, a participar en las elecciones municipales. No es posible una sociedad bien integrada si, junto a los ciudadanos y ciudadanas con derechos iguales, existe una bolsa permanente de personas cuyos derechos se ven disminuidos a causa de su origen, no así sus deberes. Y son precisamente los problemas de integración, los que propician situaciones de exclusión social, conflictividad o delincuencia.

Negar a esas y esos residentes el derecho a participar de forma plena en la vida social, cultural y política empobrece la propia democracia. Por ello, es necesario que todas las personas que tienen residencia estable entre nosotros sean tratadas como conciudadanos y vean reconocido el derecho a participar con su voto en las decisiones de una comunidad de la que ya forman parte. Ello favorecerá el proceso de integración y de arraigo en nuestras comunidades de esas familias que han superado todos los obstáculos legales para regularizar su situación y afincarse en nuestra comunidad en la que están intentando construir en ella una vida mejor para ellos y sus hijos. Y los municipios y sus ayuntamientos son el ámbito en el que se hace más necesario, si cabe, la igualdad de derechos y deberes entre toda persona que forma parte de la comunidad.

Conviene destacar que una de las labores fundamentales de un Ayuntamiento consiste en gestionar, procurando el interés general, los impuestos que toda la ciudadanía pagamos. Por ello, a una persona que contribuye con su trabajo y sus impuestos al bien común, ¿cómo es posible que no se le permita participar en la elección de las y los responsables de gestionar su propio esfuerzo y dinero? Hoy día, con la dimensión que ha adquirido la inmigración (en torno al 9% de la sociedad navarra), la negación del derecho al voto a estas personas es una de las principales rémoras del sistema democrático.

Txema Mauleón Echeverría es concejal de Burlada por Batzarre