La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha podido retomar este martes el juicio contra los dueños del club de alterne Pigalle, en Meis. La vista oral había sido suspendida en febrero ante la falta de una testigo de cargo. En el banquillo de los acusados se sentaron un hombre y una mujer a los que la Fiscalía señala como autores de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina con ánimo de lucro y tres delitos de prostitución coactiva, además. A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual.

El acusado se ha declarado inocente y ha argumentado en su defensa que las mujeres que trabajaban en su local le denunciaron para legalizar su situación irregular en España. Según señaló el hombre, de nacionalidad brasileña y con permiso de residencia en España, empezó a trabajar en el Pigalle como camarero y con el tiempo pasó a ser el encargado acabando como socio. Además de él, en el local estaban contratadas una cocinera y seis camareras y, según aseguró, todos tenían permiso de trabajo y contrato.

El acusado explicó que en el local se practicaba el «alterne» esto es, captación de clientes, acompañamiento y consumo de copas «y nada más», pero rechaza que se ejerciese la prostitución. Indicó, además, que el local sacaba beneficio de las copas.

En el establecimiento había cinco habitaciones y apunta que algunas de las camareras también vivían allí. Se les cobraba por la habitación, por las sábanas limpias y por los preservativos. Todos estos gastos quedaban anotados en una libreta al igual que el dinero que debían por los billetes del avión en el que viajaron a España y otros gastos como lencería y zapatos de tacón. También añadió que el horario de trabajo era de siete de la tarde a tres de la madrugada y que podían salir libremente, por lo que niega que se les amenazase por ello o que se les impidiese marchar.

Sobre las tres mujeres que le denunciaron afirmó que ellas «sabían a lo que venían» y que las tres ejercieron la prostitución en sus países de origen: Panamá, Chile y Venezuela. Según ha declarado este acusado, el día antes de la redada de la Guardia Civil en la que fue detenido, en julio de 2018, discutió con una de las denunciantes a la que quería despedir porque había agotado el permiso de tres meses para estar en España.

Petición de condena

Inicialmente, la Fiscalía solicita una condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club Pigalle, y 22 años de cárcel para su compañera que, según sostiene el representante del Ministerio Público en 2018, lo dirigía junto a él. Junto con la pena de cárcel y una indemnización de más de 33.000 euros para ellas, la Fiscalía solicita al tribunal que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros 15 años en libertad vigilada.