El 17 de junio de 2018, cientos de medios de comunicación acreditados en el puerto de Valencia narraban en directo el desembarco de las 630 personas rescatadas una semana antes en el Mediterráneo central, tras abandonar el infierno de Libia. Italia y Malta habían denegado un puerto seguro al Aquarius, el barco de búsqueda y rescate operado por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. Ante la negativa de estos Gobiernos a cumplir con el derecho internacional, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ofreció el desembarco en Valencia y así, tras días de innecesaria travesía, las 630 personas por fin pisaron tierra firme.

El desembarco del Aquarius fue el primer gran gesto del nuevo Ejecutivo español en temas migratorios y, por un momento, pareció que podía impulsar un cambio de paradigma en temas de migración y acogida en Europa, confrontando la política de puertos cerrados en Italia y Malta y la criminalización de los migrantes y las organizaciones que trabajan para asistirles. Los hechos no tardaron en imponerse y dar al traste con la esperanza de un cambio de rumbo. El Aquarius como símbolo de una política migratoria y de acogida respetuosa con el derecho internacional y más humana fue solo un espejismo.

Desafortunadamente, la situación a la que hacemos frente en el Mediterráneo central hoy no es nueva. Por un lado, personas que deciden dejar sus hogares, en muchos casos forzadas por situaciones de violencia y que, tras hacer frente a todo tipo de atrocidades ampliamente documentadas en Libia, se suben a embarcaciones precarias, abarrotadas, para enfrentar la ruta migratoria más mortífera del mundo. Al menos 24.000 personas se han ahogado o desaparecido oficialmente desde 2014. La cifra real será mucho más alta. Al otro lado, la fortaleza europea y la decisión de sus Estados miembros de dar la espalda a la legislación internacional: no socorrer a las personas en peligro en el mar y no asignar puerto seguro a la mayor brevedad posible. Hace pocas semanas, vimos horrorizados la inacción de las autoridades maltesas mientras casi 100 vidas pendían de un hilo en aguas bajo su responsabilidad de búsqueda y rescate, haciendo caso omiso de su obligación legal de prestar o coordinar la asistencia. Por desgracia, no es una excepción.

Europa ha decidido cerrar los ojos y dejar que las personas mueran ahogadas en el mar
En lugar de crear alternativas seguras, voluntarias y legales para cruzar el Mediterráneo central, Europa simplemente ha decidido cerrar los ojos y dejar que las personas mueran ahogadas en el mar. Primero, retirando los mecanismos de búsqueda y rescate, y financiando el sistema de detención y devolución de las autoridades libias, un actor clave en el sistema de explotación de los migrantes. Solo en 2021, al menos 32.000 personas fueron interceptadas en el mar y devueltas por la fuerza en Libia donde son torturadas y extorsionadas en centros de detención clandestinos. El pasado noviembre, la misión de investigación de la ONU en Libia determinó que estas violaciones constituían crímenes contra la humanidad. Aún sin operaciones coordinadas de salvamento, miles de personas siguen huyendo de Libia, confirmando que no existe un efecto llamada, sino un efecto huida.

Segundo, no dejarnos desembarcar de forma fácil y rápida. La política de puertos cerrados forzó el desvío del Aquarius a España y dejó a otros barcos varados frente a la costa europea durante días. Hoy Italia no anuncia a bombo y platillo que no nos dejará desembarcar, pero seguimos esperando durante días, rogando por un puerto como si fuera un favor y no una obligación de cada Estado costero que ha firmado las convenciones internacionales del mar. En la última rotación de nuestro barco, el Geo Barents, tuvimos que esperar siete días hasta que se completó el desembarco de las 471 personas rescatadas. En la sexta jornada, varias personas desesperadas se lanzaron al mar para intentar llegar a tierra por sus medios.

Llevamos años diciendo que si Europa quiere, tiene capacidad para dar una respuesta adecuada a esta situación y que, acorde con sus valores fundacionales, no puede permanecer impasible ante tanto sufrimiento humano, menos aún fomentarlo y patrocinarlo. Los hechos nos han dado la razón. Ante la terrible guerra en Ucrania, que ha obligado a más de seis millones de personas a abandonar su casa en busca de seguridad, la Unión Europea ha aplicado una directiva de protección temporal para acoger a personas desplazadas. Por fin, la UE responde de manera rápida y contundente ante un drama a sus puertas y lo celebramos. Pero esta misma directiva no está siendo aplicada a personas que huyen de las mismas situaciones de guerra y persecución, de contextos como Yemen, Siria, Malí o Congo e intentan cruzar el Mediterráneo central. No podemos permitir que haya estándares diferentes sobre los derechos de los refugiados.

Es incomprensible que, después de todos estos años de travesías migratorias mortales en el Mediterráneo central, organizaciones privadas como nosotros asumamos la mayor carga de salvar vidas en el mar. La reciente capacidad que ha demostrado la UE para activar mecanismos que permiten apoyar a millones de ucranianos muestran que también hay otra manera de liderar lo que pasa en su frontera sur. Es imprescindible un cambio de rumbo en la política migratoria europea.