El Ararteko plantea limitar la suspensión de la RGI a «los casos más graves»

El Defensor del Pueblo apuesta en la Comisión de Trabajo y Empleo por «reforzar» Lanbide para «orientar» a las personas en exclusión

El Correo, ALBA CÁRCAMO, 15-06-2022

El Parlamento vasco continúa inmerso en las comparecencias que enriquecerán la futura Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión. En la mañana de este martes ha acudido a la Comisión de Trabajo y Empleo el Ararteko, Manu Lezertua, que ha hecho hincapié en la necesidad de que la nueva norma garantice «lo esencial, su verdadera razón de ser», que no es otra que «proteger» a las personas en exclusión social o en riesgo de estarlo. De ahí que el Defensor del Pueblo vasco haya insistido durante su turno de palabra en que la suspensión cautelar de la RGI no sea «utilizada de manera sistemática», que quede reservada «para los casos más sangrantes y graves».

El ombudsman, que ha recibido «miles de quejas» en los últimos años sobre el funcionamiento de Lanbide, ha agradecido que el proyecto de ley incorpore algunos de sus «pronunciamientos». La norma garantizará, a su juicio, «mayor nivel de protección» que la actual, pero, en lugar hablar de en las «numerosas mejoras», ha querido «alertar de algunas debilidades» que le generan «preocupación». En ese sentido, ha señalado que «gran parte de los incumplimientos» por los que se deniega, suspende o extingue la Renta de Garantía de Ingresos son meros trámites, como «la imposibilidad de mantener ininterrumpidamente un padrón» o no presentar «cierta documentación a la que al usuario le resulta difícil o imposible acceder».

Y esas personas, cuando se les retira la prestación, siguen siendo vulnerables. Necesitan la ayuda. La vista hay que ponerla en los «supuestos de fraude», que, por otro lado, «son testimoniales». Así que, en su opinión, hace falta «mayor eficacia» en las medidas de «acompañamiento social y de carácter pedagógico» para evitar que algunas personas incumplan los requisitos sin saberlo.

Para ello, la ley debe ir acompañada de «un refuerzo en las diferentes dimensiones de Lanbide», dotando al organismo de «suficiente personal específicamente preparado». Lezertua ha hecho hincapié en que «la vigilancia del cumplimiento de los requisitos» no debe «coger tal peso» que «impida» a los profesionales llevar a cabo el resto de funciones, como la «orientación laboral y el acompañamiento».

Tras el Defensor del Pueblo ha comparecido Arantza Chacón, directora de Zehar-Errefuxiatuekin, que se ha centrado en la «indefensión» en la que pueden quedar migrantes y refugiados si no se incorporan mejoras. La responsable de la organización, que ha reconocido que en la redacción del proyecto de ley «se ha prestado mucha atención a todas las alegaciones», ha indicado que, desde las primeras páginas, «se puede entender» que se centra en «colectivos vulnerables» que lo son por su «falta de cualificación». Sin embargo, algunas de las personas a las que acompañan tienen «perfiles muy cualificados, sobrecualificados, y el problema que encuentran es el permiso de trabajo».

Más pobreza
Chacón ha defendido, asimismo, que Lanbide debe mejorar a la hora de «acercarse a las personas». Ha puesto como ejemplo a «una mujer colombiana» que dice que, «cuando recibe una carta» del Servicio Vasco de Empleo «tiene la misma sensación de angustia que cuando recibe una de su país» porque no sabe «qué es lo que le va a llegar» en la misiva. Otro de los aspectos a valorar, ha pedido, es que «no todas las personas de la unidad convivencial estén supeditadas» al titular de la ayuda, algo que se traduce en que «muchas mujeres no tengan acceso a los recursos económicos y lo tengan que hacer a través de su pareja o cónyuge».

Mikel Barturen, coordinador de Sareen Sarea, red que reúne a 16 agrupaciones vascas, ha aprovechado en su turno de palabra para contextualizar la pobreza en Euskadi, donde en 2020 se registraban «los mismos niveles de desigualdad de 1996». «Los pobres pierden el 9,8% de sus ingresos respecto a 2008 y los ricos ganan un 20,2% más», ha ilustrado antes de alertar que «el 30% de la población en riesgo no accede a un sistema concebido para atender sus necesidades» por cuestiones como la exigencia de estar tres años empadronado. El proyecto de ley incorpora «excepciones», aunque debería ser «más accesible» y elevar «las cuantías».

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