El presidente del Gobierno destacó ayer el «desarrollo y el progreso» que han aportado a España el millón de inmigrantes legales latinoamericanos, pero acto seguido advirtió a los gobiernos de Iberoamérica que cualquier política migratoria «rigurosa» pasa «inexcusablemente por la legalidad». José Luis Rodríguez Zapatero, junto al presidente mexicano, Vicente Fox, inauguró ayer en Madrid el I Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones y Desarrollo y en el que el mandatario español exigió la colaboración de los países sudamericanos para frenar sus oleadas de emigrantes clandestinos.

El jefe del Ejecutivo fue tajante ante los representantes de todos los gobiernos de América Latina: el «punto de partida» de cualquier «proyecto global» sobre migraciones entre las dos orillas del Océano Atlántico pasa por la «lucha contra la inmigración ilegal». «Una lucha – recordó – que debe iniciarse en los países de origen, porque la primera víctima de la ilegalidad es el propio inmigrante que se ve condenado a la marginalidad».

Explotación

Zapatero situó esa «persecución del trabajo irregular» como uno de los ejes prioritarios de su Gobierno en materia de extranjería, ya que la clandestinidad «conduce a la explotación de los seres humanos y al desconocimiento de sus derechos más básicos». Insistió en reclamar la implicación de los estados de origen de la inmigración para esa política global iberoamericana que acabe con la ilegalidad. En esa línea, subrayó la «cooperación entre países» de los dos continentes como elemento «crucial» para «fomentar el lado más positivo y enriquecedor de la inmigración, así como para combatir sus aspectos más indeseables».

El presidente instó a los mandatarios de Iberoamérica a hacer que la inmigración gane «presencia e importancia» en las agendas internacionales. «La política española quiere compartir principios, objetivos e instrumentos con los países iberoamericanos, pero necesita de la cooperación para ser eficaz». Una política «equilibrada y ambiciosa», alejada de la controversia entre países y, sobre todo, al margen de la «confrontación entre fuerzas políticas, que tratándose de seres humanos sería un competición detestable», señaló.

Zapatero apuntó que sólo con la regulación legal de los flujos de personas se logrará la «igualdad» entre los recién llegados y los ciudadanos de origen, objetivo, dijo, del Gobierno socialista. «Los inmigrantes forman parte de nuestra realidad y deben hacerlo en iguales condiciones que cualquier otro ciudadano», explicó antes de comentar que para ello deben aumentar las «prestaciones» a fin de incorporar a los extranjeros al sistema social.

En ese contexto, defendió el «ambicioso» proceso de ‘normalización’ llevado a cabo por la Administración el pasado año y que supuso la legalización de casi 600.000 ‘sin papeles’, entre ellos, recordó, 123.000 ecuatorianos, casi 50.000 colombianos y poco menos de 40.000 bolivianos. En palabras del presidente, esta regularización ha servido, además, para «derogar la hipocresía y el fraude, y reconocer que los inmigrantes son, ante todo, seres humanos».

Zapatero aludió también a unos de los temas centrales en las últimas cumbres sobre inmigración, entre ellas la Conferencia Euroafricana de Rabat de la pasada semana: la necesidad de recortar las tasas que los inmigrantes pagan cuando envían divisas a sus países de origen. El presidente del Gobierno, que prometió que el Ejecutivo «dará un tratamiento más beneficioso» a los emigrantes en este asunto, desveló que las remesas desde España a los países iberoamericanos alcanzan ya casi 600 millones de dólares al año.