El plan de recuperación de Polonia cuenta desde miércoles con el visto bueno de la Comisión Europea. Bruselas ha tardado casi un año en aprobar el desembolso de 35.400 millones de euros al país y la decisión salió adelante con el voto en contra de dos de los vicepresidentes del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager y Frans Timmermans. El plan debe ahora recibir la luz verde del Consejo Europeo en el plazo de un mes.

Las negociaciones entre Bruselas y Varsovia han sido un constante tira y afloja. El Ejecutivo de la Unión había condicionado el desembolso de los fondos Next Generation a la adopción de medidas contra la corrupción y las garantías del respeto al Estado de Derecho, tras la deriva antidemocrática del Gobierno ultraconservador de Mateusz Morawiecki.

En marzo, Bruselas endureció su postura y activó el mecanismo de condicionalidad que le permite congelar la entrega de determinados fondos europeos al país. El Tribunal de Justicia de la UE también llamó la atención a las autoridades polacas y pidió el desmantelamiento de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, al considerar que su actividad amenazaba la independencia judicial.

Ayudas condicionadas
Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, sin embargo, la relación entre el Ejecutivo comunitario y Varsovia vive un momento dulce. Polonia ha sido uno de los Estados miembro que ha defendido con más firmeza las sanciones contra Rusia y ha acogido a un gran número de refugiados.

En todo caso, los fondos estarán sujetos a reformas que garanticen la independencia judicial en el país y una serie de hitos concretos que irán desbloqueando las ayudas por tramos. Bruselas velará por el cumplimiento de estos objetivos y entregará, en función de los mismos, los 23.900 millones de euros en pagos directos y otros 12.100 millones en préstamos.

Además de Polonia, Países Bajos y Hungría también están pendientes de recibir las ayudas para recuperación activadas durante la pandemia. Países Bajos aún no ha presentado un plan y el de Hungría permanece bloqueado por sus vulneraciones del Estado de derecho.