MARISA CRUZ

MADRID.- El presidente considera «detestable» utilizar la inmigración como arma de confrontación política El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empleó ayer la tribuna que le brindaba el Encuentro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, que hoy se clausurará en Madrid, para plantear dos posibles vías que ayuden a regular el flujo migratorio, potenciando la acogida de trabajadores extranjeros y disuadiendo las llegadas de ilegales.

Flanqueado por el presidente de México, Vicente Fox, y por el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, Zapatero recalcó la necesidad de «explorar fórmulas innovadoras» y, en este sentido, citó los «visados para búsqueda de empleo» y la apertura de canales para «inmigración especialmente cualificada».

La primera de las ideas hace referencia a la posibilidad de conceder papeles temporales que permitirían al inmigrante buscar un contrato de trabajo en España. De no lograrlo, la persona en cuestión estaría obligada a regresar a su país.

La segunda es menos novedosa y se enfrenta a las reticencias de los países emisores, que no dejan de ver en la misma una puerta abierta para la fuga de cerebros. Zapatero no detalló ninguna de sus dos sugerencias pero, en relación con esta última, los expertos consideran que, de una u otra forma, tendría que incluir ventajas claras para las naciones de origen. Además, el presidente afirmó estar «empeñado» en dar a las remesas «un tratamiento beneficioso». Sólo en relación con Iberoamérica, las remesas enviadas desde España alcanzan los 600 millones de dólares anuales.

Las sugerencias de Zapatero vienen a sumarse a la idea esbozada la semana pasada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien aseguró en Rabat que el Gobierno estudia fórmulas para afrontar el problema de los ilegales que, tras el periodo de retención de 40 días, no han sido repatriados y quedan en libertad sin papeles. Las posibilidades pasan, tal y como se aprobó en el Senado, por conceder documentos provisionales hasta que puedan ejecutarse las expulsiones.

El presidente señaló como «punto de apoyo» de su política de inmigración el proceso de regularización de 600.000 personas, del que aseguró sentirse «satisfecho» porque logró el objetivo de «derogar la hipocresía y el fraude», aunque haya sido una iniciativa «coyuntural».

Pese a ello, dijo ser consciente de que «queda camino por recorrer» y reconoció la necesidad de «mejorar la Administración, en España y en el exterior».

Recalcó que su «proyecto global» tiene un «inequívoco punto de partida: la lucha contra la inmigración irregular». En este sentido, el objetivo del Gobierno se dirige a «perseguir el trabajo irregular que», insistió, «es inadmisible porque conduce a la explotación de seres humanos y al desconocimiento de sus derechos más básicos».

«A partir de ahí», añadió, «nuestro compromiso se manifiesta en el desarrollo de una política de integración y cohesión social, acorde con nuestros valores y principios fundamentales». Admitió que la inmigración «ocasiona insuficiencias y problemas, genera resistencias y altera percepciones» en las comunidades de acogida. Para paliar estas dificultades, recordó que su Gobierno ha multiplicado por 23 el Fondo para acogida e integración social, que ha pasado de 7,7 millones de euros a 182. También hizo referencia al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2006 – 2009, dotado con 2.000 millones de euros.

Zapatero aseguró que «no hay ningún tipo de límites específicos para los inmigrantes que se encuentren legalmente en España». «Pero», advirtió, «tampoco hay exenciones particulares de las reglas generales».

El presidente, que apostó por incluir la cuestión de la inmigración en las «agendas políticas internacionales» – con lo que confirmaba su intención de seguir insistiendo en la necesidad de que la inmigración se convierta en una política común de la UE – , aprovechó para calificar de «detestable» el que desde los partidos políticos se utilice este problema como arma de «competición entre fuerzas políticas».

«Nos esforzamos», afirmó, «por alcanzar consensos básicos», dentro de los cuales citó al colectivo empresarial, a los sindicatos, a las administraciones locales y autonómicas y a las asociaciones de inmigrantes.