El Gobierno andaluz aprobó este martes un decreto ley que regula la estancia en Andalucía de los menores de edad llegados a la comunidad tras huir de sus ciudades de origen en Ucrania tras la invasión de Rusia.

Desde que comenzó el conflicto bélico, ya se han escolarizado en el sistema educativo andaluz 2.577 menores procedentes de Ucrania y 12.601 ucranianos han recibido asistencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según los datos difundidos este martes por el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

El decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, ha sido elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que dirige Rocío Ruiz. La nueva normativa pretende garantizar la acogida y la prestación de servicios a esos menores, muchos de los cuales están en Andalucía con sus madres, acogidos por familias que se ofrecieron de forma espontánea a darles un techo temporal a través de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).

Según la norma, la Junta debe velar por la adecuada atención a los menores, asumir la «guarda provisional» y procurar una búsqueda activa para la localización de sus padres o las personas que ejerzan la tutela, así como de otros familiares o allegados con vinculación acreditada.

REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES
Además, se imponen una serie de requisitos para las familias andaluzas que quieren acogerlos. Así, la Junta verificará los antecedentes penales de las familias solidarias y recabará la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Este requisito se hará extensivo a todas los «miembros de una unidad de convivencia». Ello quiere decir que, si bajo el mismo techo en el que se va a acoger a un menor ucraniano hay alguna persona residiendo que figure en el citado registro o tenga antecedentes penales, su solicitud será rechazada y no podrán asumir la guarda provisional del menor.

Además, la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma está colaborando «intensamente» en los trabajos para garantizar la acogida de los niños ucranianos y está realizando «controles» de estos menores para garantizar su seguridad y «evitar la actuación de las mafias», dice el decreto ley al que tuvo acceso EL MUNDO.

Para reforzar los controles también se ha activado el programa de detección y rescate de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, dirigido específicamente a la población ucraniana que están siendo acogida en Andalucía.

LA ESCOLARIZACIÓN
El decreto ley también contempla que los menores ucranianos tengan prioridad en la escolarización. Su situación se hace análoga a la de las víctimas del terrorismo, de la violencia de género o en los casos de «movilidad forzosa» de la familia, que ya se recogen en la normativa andaluza sobre escolarización.

Igualmente, tendrán prioridad para ser escolarizados en los mismos centros que ya estén matriculados los hijos de las familias solidarias. Si el curso ya está empezado y no hay plazas, la Junta autorizará al centro para que incremente hasta un 10% el número máximo de alumnos por unidad escolar para que pudieran ser escolarizados los refugiados.

La guarda provisional de los menores ucranianos que ejercerán las familias de acogida tendrá en principio una duración de un año y se podrá prorrogar automáticamente por periodos de 6 meses durante un plazo máximo de otro año, aunque todo dependerá de cómo vaya evolucionando el conflicto. Las familias solidarias serán informadas de que se trata de una guarda provisional y temporal que en ningún caso tiene la finalidad de adoptar.

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Los ayuntamientos también están implicados en la atención a los refugiados ucranianos. En los casos en los que se les requiera, tendrán que elaborar informes sobre la familia solidaria y hacer un seguimiento sobre la estancia y acogida de los menores de edad por si hubiera situaciones de riesgo.

El nuevo decreto ley no hace ninguna mención sobre posibles ayudas económicas que pudieran corresponderle a los andaluces que han acogido menores o incluso familias enteras que proceden de Ucrania.