Las posibles filtraciones de datos de refugiados ucranianos en Portugal han provocado una fuerte polémica en el país. Este martes, la Policía Judiciaria (PJ) ha realizado registros en el Ayuntamiento de Setúbal, cerca de Lisboa, después de que saliera a la luz hace algunas semanas que las personas encargadas de tramitar las solicitudes de asilo de los refugiados ucranianos tienen vínculos con el gobierno de Rusia.

En el punto de mira está el matrimonio formado por Igor Khashin y su esposa Yulia Kashina, ambos relacionados con diversas asociaciones de acogida de inmigrantes, entre ellas la Asociación de Inmigrantes de los Países del Este (Edinstvo), que trabajaba con el Ayuntamiento de Setúbal. Poco después de conocerse el escándalo, revelado por el semanario Expresso, el alcalde del municipio decidió apartar al matrimonio, ambos con doble nacionalidad rusa y portuguesa y vinculados a la ciudad desde antes de la guerra en Ucrania.

La Comisión Nacional de Protección de Datos ha iniciado una investigación para aclarar si la pareja ha vulnerado las leyes de protección de datos y ha filtrado información a las autoridades rusas, tanto de las personas recién llegadas al país – algo más de un centenar – como de sus familiares en Ucrania. Así lo denunció a principios de abril la embajadora ucraniana en Portugal y lo han repetido en varias ocasiones las asociaciones de ucranianos en el país, que apuntan a que esta situación se puede estar produciendo también en otros municipios.

El escándalo ha puesto en el punto de mira al alcalde de la ciudad, André Martins, de la coalición CDU, formada por el Partido Comunista Portugués (PCP) y los Verdes. El hecho de que Martins pertenezca a la CDU ha avivado más la polémica, ya que los comunistas han mantenido una posición poco clara respecto al conflicto en Ucrania desde su inicio el pasado febrero y han evitado posicionarse a favor de ningún bando. El edil insiste, sin embargo, en que el Ayuntamiento no tenía competencias para investigar a Edinstvo y ha culpado al Gobierno luso por no facilitar la información necesaria cuando la requirió.

Las explicaciones de Martins no convencen al Partido Socialista (PS) ni tampoco al conservador Partido Social Demócrata (PSD) – los otros dos partidos con representación en el Ayuntamiento – que ya han presentado dos mociones de censura para forzar la dimisión del alcalde. De momento Martins se resiste a abandonar el cargo y evita dar explicaciones alegando que ya hay una investigación en marcha, con la que se ha mostrado abierto a colaborar.

La ministra de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, ha asegurado este martes que la investigación llegará hasta sus últimas consecuencias. “Puedo garantizar que este Gobierno no dejará que se viole la ley ni que no se trate de forma digna y con respeto a los que llegan a Portugal”, ha explicado Mendes en una comparecencia en el Parlamento. Mendes ha insistido, sin embargo, en que esta situación no es generalizada en todo el país.

También se ha mostrado favorable a una investigación el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien sí ha abierto la puerta a otros casos parecidos. Portugal ya cuenta con antecedentes en la vulneración de la protección de datos. A mediados del año pasado salió a la luz que el Ayuntamiento de Lisboa, entonces en manos del PS, había enviado a Rusia datos sobre los asistentes a una manifestación en contra del Gobierno de Vladimir Putin frente a la embajada rusa en la capital portuguesa. El Consistorio tuvo que pagar una multa de 1,2 millones de euros pocos meses después.