Un pequeño pesquero almeriense ha pasado ya el cuarto día fondeado a 16 millas del puerto de La Valeta con 51 inmigrantes subsaharianos a bordo, a los que las autoridades maltesas niegan permiso para desembarcar. Rescatados cuando se hallaban a la deriva a unas cien millas al sur de la isla, están hacinados en este pequeño barco español de 10 tripulantes, en una situación desesperante según los armadores y en un limbo jurídico que amenaza con convertirse en una vergüenza para los Estados implicados y la Unión Europea a la que pertenecen. Los inmigrantes ilegales fueron rescatados en aguas libias, por lo que Malta, que sufre un gravísimo problema de inmigración ilegal, exige que sean llevados a ese país. Los convenios de organización marítima, con enmiendas que entraron en vigor este 1 de julio, establecen que los buques que realicen un rescate pueden llevar a los náufragos al puerto que más les convenga.

Esta regulación está elaborada de tal forma precisamente para evitar que potenciales buques rescatadores, temiendo inconveniencias, ignoren a náufragos avistados en alta mar, lo que, al parecer y por desgracia, no es ni mucho menos infrecuente. Parece, sin embargo, que el litigio es fácil. Por ello, lo único claro aquí es que el barco español ha cumplido con su deber humanitario, que las víctimas están en una situación insostenible y que Madrid, La Valeta y Trípoli, aunque ninguno quiera acoger a los inmigrantes, han de encontrar de inmediato una solución.

Es cierto que para un país diminuto como Malta, la llegada de 50 inmigrantes equivale a la llegada de miles a un Estado europeo grande. Y es una vergüenza que una UE de 450 millones pase cuatro días sin poder resolver el caso sin vapulear más la dignidad de los náufragos.