omo una «inaceptable» violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Así calificó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) el plan británico de enviar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen ilegalmente al Reino Unido, así como a aquellos solicitantes de asilo que hayan visto sus peticiones rechazadas. «Condenamos enérgicamente la evasión de la responsabilidad principal para con los refugiados, al recurrir a la subcontratación», declaró Gillian Triggs, secretaria general adjunta del Acnur, durante una entrevista con la BBC.

El Gobierno de Boris Johnson presentó esta semana un plan para combatir la creciente inmigración ilegal, muy similar al aplicado por Australia. Australia e Israel son dos de los países que reubican en el extranjero a los inmigrantes en situación irregular, y Dinamarca estudia hacerlo tras haber aprobado una ley para subcontratar la acogida y la gestión de solicitantes de asilo a través de países de tránsito, entre ellos Ruanda. La iniciativa consiste en enviar a Ruanda a los migrantes sin papeles que arriben a su territorio, incluidos los peticionarios de asilo rechazados. En el 2021, hasta 28.526 personas llegaron irregularmente al Reino Unido, principalmente en endebles botes desde Francia, de acuerdo con las cifras del Home Office (Ministerio británico Interior). Este número triplica las 8.466 personas registradas el año anterior. «Al igual que la política australiana es una violación atroz del derecho internacional y el derecho de los refugiados y los derechos humanos, también lo es esta propuesta del Gobierno del Reino Unido. Es muy inusual, muy pocos Estados han intentado esto, y el propósito es principalmente disuasorio, pero no hemos visto que funcione», agregó Triggs.

Pese a que se calcula que el plan costará 30.000 libras por persona (36.226 euros), pues, además del billete de avión, Londres pagará los primeros tres meses de manutención en Ruanda al afectado, las autoridades británicas aseguran que a largo plazo les permitirá ahorrar hasta cinco millones de libras diarias (seis millones de euros) por concepto de hospedaje para inmigrantes . Sin embargo, los abogados especializados en inmigración han aseverado a la prensa que la idea provocará una ola de batallas legales que harán no solo más oneroso el proyecto, sino que además predijeron que podrían pasar dos años antes de que alguien fuera efectivamente enviado a Ruanda.

Rechazos al plan

La idea ha sido cuestionada incluso entre los tories. Así, el exministro de Desarrollo Internacional, Andrew Mitchell, afirmó que sería «más barato» tener durante un año a los sin papeles en el hotel The Ritz en Mayfair, de Londres, que enviarlos a África. Por último, el diario The Guardian asegura que los sindicatos y asociaciones de funcionarios estudian rebelarse contra el plan o negarse a trabajar en él, demorando de esta manera su implementación.

El Reino Unido llevará a Ruanda a los inmigrantes ilegales que soliciten asilo
LA VOZ

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció ayer un polémico plan, ya criticado por los partidos de la oposición y organizaciones no gubernamentales, para poner coto a la inmigración ilegal. La esencia de este proyecto es enviar a Ruanda a aquellos migrantes que lleguen a Gran Bretaña cruzando el Canal de La Mancha y soliciten asilo. El plan está dotado con 120 millones de libras —144 millones de euros— y se centrará fundamentalmente en hombres sin cargas familiares que lleguen a Reino Unido a través de embarcaciones o camiones.

Los detalles precisos del proyecto deben ser aún confirmados, pero, según la propuesta, Ruanda se responsabilizaría de las personas que hayan hecho un viaje de más de 6.400 kilómetros, que comenzarían allí el proceso de solicitud de asilo. Si al final este sale bien, podrán instalarse permanentemente en el país, pero nunca regresarían al Reino Unido. Boris Johnson realizó el anuncio en la localidad de Lydd, en el condado de Kent (sureste de Inglaterra), antes de que su ministra de Interior, Priti Patel, firme el acuerdo con las autoridades ruandesas en Kigali.