Euskadi destinará un presupuesto récord a las ayudas de emergencia social (AES) por la crisis energética. El alza de la factura, que se ha disparado hasta un 30% en un año, y la guerra de Ucrania han obligado al Gobierno Vasco a aumentar en 3,5 millones de euros la partida prevista este año para las AES, que alcanza los 45 millones con el objetivo de «paliar los efectos de la invasión de Ucrania». Ayuntamientos como el de San Sebastián ya han constatado un incremento de solicitudes de estas prestaciones para cubrir las necesidades básicas como el alquiler o los gastos relacionados con la pobreza energética. «Toda la sociedad sufre las oscilaciones en los precios de la energía, pero las personas vulnerables aún más», señalan desde el consistorio. Como ocurrió con la pandemia, desde el Departamento vasci de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales prevén que el incremento de la demanda se agudice en las próximas semanas y hablan ya de un «efecto dominó» causado por la guerra. «Hay empresas que han tenido que cerrar unos días e incluso volver a los ERTEs. Y eso influye directamente en la calidad de vida de las personas», como ocurrió cuando estalló la crisis del coronavirus. Con este presupuesto extra, el Gobierno Vasco quiere cubrir una demanda que amenaza con dispararse.

Son muchos los factores que hacen que el día a día de la ciudadanía sea más caro. Desde la subida del gas, a los precios de la gasolina o la luz. Incluso la reciente huelga del transporte ha dejado consecuencias en la capacidad de adquisición de la población vasca. El último año 53.556 personas se beneficiaron de las AES en Euskadi –más de 3.000 en San Sebastián– y un total de 27.478 familias, según datos del departamento que dirige Beatriz Artolazabal. Fue un año de recuperación económica tras las terribles consecuencias sociales que dejó el Covid-19. De ahí que los datos de la demanda de las ayudas de emergencia social mejoraran y los beneficiarios bajaran un 18% respecto a 2020 (63.276). No obstante, la actual situación mundial, con la invasión rusa a Ucrania y la crisis energética, ha vuelto a agudizar las dificultades de la gente para cubrir sus necesidades primarias, incluso las relacionadas con la alimentación.

El 30% de los perceptores solicita las ayudas para cubrir los gastos energéticos, el mayor reto que afronta la población
Uno de los mayores obstáculos –si no el que más– con los que se encuentran las personas en situación de pobreza es la factura energética. Es más, este año, antes aún de que estallara la guerra, el Gobierno Vasco aumentó la cuantía máxima anual para cubrir los gastos del suministro energético a 1.500 euros anuales. Hasta 2021, eran 900 euros por año. Con esta medida quieren evitar que las familias sufran cortes de suministro.

El año pasado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Donostia destinó 1,1 millones de euros a paliar la pobreza energética, el 34% del presupuesto total que el consistorio tenía para las AES (3,4 millones). Precisamente un tercio de los beneficiarios de las AES en Euskadi solicitaron estas ayudas por este motivo. En 2021, últimos datos disponibles, 16.295 personas necesitaron esta prestación económica para poder encender la calefacción y no pasar frío en sus hogares, lo que supone un total de 14.330 familias. De ellas, 3.233 personas vivían en Gipuzkoa (2.892 familias), 10.137 en Bizkaia (9.120 familias) y 2.925 en Araba (2.611 familias). Son menos personas que en 2020 –en total se hicieron 16.635 concesiones por persona–, lo que una vez más refleja la mejora que vivió Euskadi en 2021 respecto a 2020. Sin embargo, el comienzo de este 2022 ha vuelto a empañar esa esperanza que reflejan las cifras del último año.

Otra partida de 800.000
La invasión a Ucrania y el constante incremento de la factura energética no han hecho más que dificultar la recuperación económica que venía dándose el último año. Este es el principal motivo por el que el Gobierno Vasco ha aprobado recientemente destinar los 3,5 millones extra a las AES. Hacer frente a la demanda de ayudas para que las personas en situación de pobreza puedan tener sus necesidades básicas cubiertas es una de las razones principales por las que Euskadi ha aprobado este aumento de gasto social.

Y esa no es la única acción que ha llevado a cabo en ese sentido. También ha duplicado la partida para pobreza energética que gestiona a través de Cruz Roja, que ha pasado de 400.000 euros a 800.000. Este presupuesto se dedica a facilitar el pago de las facturas de luz, agua y gas a familias que atraviesan graves dificultades económicas y que no son beneficiarias de las ayudas de emergencia social o de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Los beneficiarios de las AES bajaron en 2021 al ser un año de recuperación, pero todo apunta a que volverán a subir en 2022
El último año, Cruz Roja atendió a 1.358 personas en Euskadi dentro de este programa, y 372 en Gipuzkoa. A diferencia de lo que ocurrió con los beneficiarios de las AES, los solicitantes de estas prestaciones crecieron un 6% en el territorio y un 5,9% en todo el País Vasco. Son muchos quienes no cubren los requisitos para cobrar las ayudas de emergencia social y recurren a esta otra opción al no llevar seis meses empadronados en algún municipio de Euskadi. Esta es la situación a la que en estos momentos se enfrentan los miles de ucranianos que han llegado a la Comunidad Autónoma Vasca tras huir de la guerra.

En este contexto, el Gobierno Vasco trabaja ya en otro tipo de ayudas que puedan beneficiar a los refugiados que han dejado atrás su país por motivo de la invasión. Serán «ayudas económicas muy similares a las que se pusieron en marcha con la pandemia». Se basarán en el programa ‘Azken sarea indartzen’. Esta iniciativa se aprobó cuando estalló la crisis del Covid y las necesidades sociales de las personas que necesitaban apoyo para cubrir sus gastos básicos se intensificaron, con especial atención a las familias monoparentales y numerosas. El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales quiere poner en marcha un fondo similar para ayudar a los refugiados ucranianos.