Una reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas impuestas en su día a cuatro acusados «relacionados entre sí por lazos familiares y de amistad» por los delitos de inmigración ilegal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos de prostitución ha puesto de manifiesto cómo operan las redes que captan a mujeres en el extranjero para, una vez en España, obligarlas a prostituirse en pisos.

La sentencia establece que, en algunos casos, las víctimas eran conscientes de que iban a ejercer la prostitución, mientras que otras fueron engañadas. De este modo, el calvario de estas jóvenes comienza cuando en sus países de origen, en este caso concreto Venezuela, son contactadas por personas que, aprovechándose de su situación de precariedad económica, les ofrecen un trabajo en una panadería y con una remuneración que las convence para viajar hasta Madrid «incumpliendo las normas de entrada en España».

Ya en la capital, la trasladaron a un piso donde le comunicaron que, en lugar del trabajo en la panadería, tendría que ejercer la prostitución para pagarles entre cinco y seis mil euros antes de poder marcharse. Para forzar su voluntad, además de quedarse con su documentación, «le recordaron que si se negaba a esta actividad harían daño a la familia que tenía en Venezuela, sintiéndose amenazada y temiendo por la seguridad de sus parientes», recoge la sentencia, al tiempo que revela que, de inmediato, tuvo que ejercer la prostitución con clientes que eran atraídos por anuncios.

No pasó mucho tiempo en esta viviendas. Y es que, cada dos o tres semanas, tenía que cambiar de piso, un periplo que la llevó a permanecer en inmuebles de Pontevedra, A Coruña, Alicante o León, «siendo obligada a esta actividad aún después de pagada la supuesta deuda».

En todas estas viviendas, las condiciones eran propias de una situación de esclavitud, teniendo que «trabajar todos los días, salvo aquellos en que tuviese la regla, con un horario de máxima disponibilidad: 22 horas al día», además de que «no podía salir con libertad de los pisos, sino que iba acompañada y [estaba] permanentemente controlada». Además de no poder elegir si quería o no realizar un servicio, nunca percibía nada de los ingresos y eso que alguna noche pudo llegar a cobrar 1.300 euros, y la deuda nunca parecía reducirse, de tal modo que si protestaba le recordaban de nuevo a su familia en Venezuela.