Euskadi ha recibido en el último mes a cerca de 2.000 ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra en su país, pero tras una primera acogida de urgencia surge la necesidad de que las personas mayores de edad encuentren una ocupación con la que llenar sus vidas. En principio, la protección temporal internacional que el Gobierno central activó hace tres semanas para garantizar el permiso de residencia y trabajo a todos los ucranianos que lo soliciten parecía otorgarles toda la cobertura legal para poder rehacer su vida, pero algunas asociaciones humanitarias advierten de cierto «colapso» en la tramitación que puede provocar un «vacío legal» para aquellos que estén en disposición de firmar un contrato de trabajo. Fuentes del Ministerio de Interior señalaron ayer a este periódico que se agilizará la resolución de las protecciones, de tal forma que los beneficiarios puedan descargarse los documentos acreditativos a través de la página web del ministerio.

Las comisarías de la Policía Nacional de las tres capitales vascas han tramitado cerca de un millar de solicitudes de protección temporal desde el 14 de marzo –alrededor de 500 de ellas, en la comisaría de San Sebastián– y, en teoría, la resolución que confirma ese asilo temporal se debe tramitar en 24 horas. Pero, en la práctica, la burocracia entre los ministerios de Interior y Justicia –los competentes para la tramitación y la resolución, respectivamente– está dilatando esos tiempos y, en Gipuzkoa, son contados los ucranianos que ya cuentan con el documento que acredita su protección temporal. La mayoría aún se debe conformar con el resguardo que demuestra que ha solicitado la protección y que se está tramitando.

LOS DATOS
En Euskadi

Entre 1.500 y 2.000 ciudadanos ucranianos han llegado a Euskadi desde el inicio de la invasión de su país.

535 personas están alojados en la red oficial de acogida. El resto, con familiares y allegados.

Cerca de un millar de ucranianos han solicitado la protección temporal en Euskadi.

Hay 284 niños escolarizados en centros educativos vascos.

En el Estado

41.000 ucranianos en la red de acogida y 36.168 solicitantes de protección temporal.

Denys Makyeyev, abogado de origen ucraniano asentado en Donostia y representante de la Asociación Lira de colaboración con el pueblo ucraniano, asegura que esa transición entre el resguardo y la resolución de la protección temporal «genera un problema, porque el plazo anunciado de 24 horas no se está cumpliendo y hay personas que llegaron a Gipuzkoa a primeros de marzo y que todavía no han recibido la confirmación». Apunta que «en los últimos resguardos que se están expediendo se recoge que incluye el permiso de trabajo, pero en los primeros que se emitieron no», lo que, a su juicio, «genera un vacío legal». Aclara que «no serían trabajadores ilegales, pero sí que podrían ser no regularizados, lo que podría convertir sus contratos en nulos».

Makyeyev recalca que esta preocupación es compartida por otros abogados especializados en extranjería y otras asociaciones solidarias con el pueblo ucraniano, que no ven claro que el resguardo de la protección temporal dé seguridad jurídica a los posibles trabajadores y a las empresas que quieran contratarlos. «Se trata de que puedan estar protegidos por el Estatuto de los Trabajadores», indica Makyeyev.

El comisario provincial de la Policía Nacional en Gipuzkoa, Iñigo Echauri, donde se tramitan de forma presencial las solicitudes de protección de los ciudadanos ucranianos, reconoce que «para firmar un contrato de trabajo sería recomendable esperar a tener la resolución» del proceso, aunque pide «paciencia» y recuerda que el sistema se ha puesto en marcha hace tres semanas y ha atendido a más de 36.000 personas en todo el Estado, por lo que es «comprensible» que aún se den algunos retrasos. Sin embargo, considera que la opción que se va a poner en marcha «en los próximos días» para que los solicitantes de protección puedan descargarse desde la página web del Ministerio de Interior las resoluciones favorables «agilizará mucho el proceso».

«Tienen todos sus derechos»
En cualquier caso, Echauri subraya que, «una vez que se les entrega el resguardo como solicitantes de protección temporal, los ciudadanos ucranianos tienen todos sus derechos en vigor, y pueden tener la seguridad de que las resoluciones se irán tramitando en cuanto sea posible».

Según explica la web del Ministerio del Interior, la protección temporal es «un procedimiento de carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países, que no puedan volver a su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de carácter temporal» de un año prorrogable. Lo que incluye una «autorización administrativa para trabajar».