SAN SEBASTIÁN. DV. El responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jon Mirena Landa Gorostiza dijo ayer que estamos ante una situación sin precedentes en materia de política antirracista. «Hemos pasado de no tener ninguna disposición antirracista a tener preceptos precipitados que no sabemos cómo usar o aplicar», dijo con motivo de la celebración del encuentro internacional Nuevos Horizontes Penales, Criminológicos y Victimológicos en un Mundo Globalizado, organizado por los Cursos de Verano.

La ponencia de Landa Gorostiza Racismo, minorías y Derechos Humanos, se ha centrado en los aspectos «más críticos» de la política penal antidiscriminatoria española. Afirmó que la política actual «es excesivamente amplia» y que contiene tal magnitud de tipologías que «puede llegar a invadir algunos ámbitos legítimos de los derechos fundamentales», tales como la libertad de expresión o la libertad de asociación. «Se ha abierto tanto el blanco que resulta muy complicado distinguir qué es discriminatorio y quéno», añadió. La política penal antirracista española es, por tanto, una política antidiscriminatoria muy amplia y sin límites prefijados.

Motivos del delito

El Código Penal español contiene, dentro de lo que se podría denominar delito antidiscriminatorio, 13 tipologías diferentes. Si antes sólo se tenían en cuenta los motivos étnicos ahora, y con la incursión de agravantes ideológicos, sexuales o de salud, la paleta de preceptos ha aumentado. «¿Cuál es el motivo de un delito?», se pregunta Landa Gorostiza: «El espectro es tan amplio que los jueces pueden volcar su opinión y esto es muy peligroso».

El responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco denunció la utilización de valoraciones subjetivas de los jueces. Esto, advierte, «empata mucho más con ciertas sensibilidades sociales» que con los aspectos técnicos propios de cualquier política jurídica.

«Una cosa es la conducta del delincuente y otra lo que piensa», afirmó. El Código Penal español señala que cualquier delito tipificado puede ser agravado por razones discriminatorias. El agravante, señala Landa Gorostiza, puede «vaciar» algunos preceptos del Derecho penal, ya que las opiniones de los jueces pueden determinar las causas finales. La censura en la libertad de expresión es lícita siempre y cuando haya motivos discriminatorios. Esto puede generar riesgos y «efectos muy perversos para la convivencia democrática», concluyó.