El calendario de transferencias sigue cumpliéndose al ralentí. Una realidad sistemática que ha dejado en ‘stand by’ muchas de las competencias pendientes de traspasar a Euskadi. Pero a pesar del desfase programático en la agenda estatutaria, el Gobierno Vasco no se ha quedado de brazos cruzados. Más bien, todo lo contrario. Ante la inacción, según censuran desde el Ejecutivo autonómico, del Ministerio de Política Territorial, el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha tomado la delantera y ha pisado el acelerador para dar un empujón al cronograma e impulsar, tras el reciente acuerdo sobre el Ingreso Mínimo Vital, un nuevo paquete de transferencias. Un bloque de cuatro materias al que esperan incorporar de manera inminente la competencia de Inmigración.

En un momento tan sensible como dramático, tras el estallido de la invasión rusa en Ucrania, el departamento capitaneado por Olatz Garamendi ya trabaja en la elaboración de un documento para enviarlo a Madrid y así poder asumir cuanto antes la competencia de Inmigración. Una materia que, según el último calendario actualizado, tendría que haber recalado en Euskadi en octubre del año pasado. Obviamente, no ha sido así. Por eso, y tras constatar con cierta resignación la dificultad de reconducir en plazos asumibles un calendario totalmente obsoleto, el Ejecutivo vasco ya está abonando el terreno para poder remitir al ministerio de Isabel Rodríguez su propuesta en materia migratoria. Un paso al frente que no es baladí.

Desde Vitoria entienden que la competencia de Inmigración ha adquirido más trascendencia si cabe tras el estallido del conflicto bélico, con cientos de miles de ucranianos huyendo de su país para tratar de rehacer sus vidas después de que Vladímir Putin activara hace ya un mes el botón rojo de la guerra. Ello, sumado al éxodo de refugiados de los últimos tiempos, ha incentivado la necesidad imperiosa del Gobierno Vasco para querer asumir en el menor tiempo posible esta competencia recogida en el Estatuto de Gernika. «En los próximos años, la Comunidad Autónoma Vasca necesitará de instrumentos para recibir en condiciones dignas a las personas que forman parte de los nuevos movimientos migratorios», explican fuentes del Departamento de Gobernanza y Autogobierno. Además, apuntan, creen imprescindible poder ofrecer a todas aquellas personas que se han formado en Euskadi, y que se han visto obligadas a emigrar a otros países por razones puramente económicas, unas condiciones «dignas» de regreso a casa.

De esta manera, y según el documento que está elaborando el equipo de Garamendi, Euskadi buscará poder ejecutar la legislación laboral en las autorizaciones de trabajo, la inspección y la sanción; así como desempeñar las labores de acogimiento y atención sociosanitaria, orientación e integración social y lingüística de los inmigrantes que puedan llegar a los tres territorios vascos. Una propuesta que busca ampliar el autogobierno vasco y que el Gobierno de Urkullu pretende recuperar después de que la propia Garamendi y el entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, iniciaran en marzo del año pasado el proceso para activar el traspaso «de las funciones y servicios de Inmigración». Hasta hoy, que «no se ha movido nada», según denuncian las mismas fuentes.

Negociaciones sobre la mesa
Lo cierto es que el procedimiento para cumplir íntegramente con el Estatuto autonómico no se ajusta al envío previo de propuestas por parte del Gobierno Vasco. Al contrario: siempre es el Ejecutivo central quien da el primer paso y remite el primer documento. Pero la práctica inactividad estatutaria, según reprueban en Vitoria, ha ‘obligado’ a Garamendi a adelantarse para así remover el avispero y desatascar un calendario compuesto aún por una treintena de competencias.

Lo que pretende hacer con Inmigración, en todo caso, ya se ha hecho con otras tres materias: Ordenación y Gestión del litoral; Meteorología; y Fondo y Protección a la Cinematografía. Tres propuestas que ya han sido solicitadas a Madrid. Aunque, de momento, sigue imperando el mutismo como respuesta del equipo de la ministra Rodríguez.

La cuarta competencia, la que se encuentra en un estado más avanzado, es la relativa a las funciones del transporte ferroviario en determinadas líneas de cercanía. En este caso, fue el Gobierno central quien puso sobre la mesa el documento, aunque no convenció en Euskadi. El Gobierno Vasco ya ha presentado las alegaciones procedentes, a la espera de conocer si el Ejecutivo de Sánchez asume, o no, las pretensiones vascas.

El Ejecutivo lanzará 151 normas con visos de sumar a la oposición
Las pretensiones siempre suelen ser ambiciosas. Y con ese espíritu el Gobierno Vasco buscará lanzar a lo largo de este año todo un combo de proyectos normativos anteproyectos de ley y decretos que cada departamento tiene previsto presentar para su aprobación en los sucesivos Consejos de Gobierno que se celebren. 151 aspiraciones recogidas en el Plan Anual Normativo para 2022 al que ya se ha dado luz verde.

Los doce departamentos que componen todo el esqueleto del Gobierno Vasco buscarán así poder sacar adelante su programa normativo anual, con cinco leyes a la cabeza: Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Empleo, Transición Energética y Cambio Climático, Educación y Salud Pública. Cinco proyectos legislativos que el Gobierno Vasco, desde la tranquilidad que ofrece la mayoría absoluta que ostentan PNV y PSE, pretende sacar adelante con la connivencia del resto de fuerzas parlamentarias.

De hecho, el consenso alcanzado en el plan educativo, con PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU estrechándose la mano, ha puesto en evidencia el entendimiento que se puede alcanzar en la Cámara vasca. De ahí que el propio lehendakari se aferre a este acuerdo como ejemplo para poder lanzar otros «retos de país» ensanchando los pactos con la oposición. Ello, sumado a la reciente aprobación de leyes como la de Igualdad y Juventud, en ambos casos con el voto a favor de los socios del Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos.