El Senado pide alcanzar un acuerdo sobre menores en Canarias antes de final de año
Aprobada la moción de ASG que propone impulsar un gran Pacto de Estado para la adecuada gestión del fenómeno migratorio
Canarias 7, , 24-03-2022El pleno del Senado aprobó ayer una moción del senador de ASG por La Gomera, Fabián Chinea, que insta al Gobierno a promover la firma antes de final de año de un acuerdo que establezca un mecanismo de acogida de los menores inmigrantes no acompañados con la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas, para atender a la situación de urgencia que vive Canarias, con casi 3.000 niños y adolescentes actualmente bajo su tutela. La iniciativa, pactada con el grupo parlamentario socialista, propone asimismo impulsar un Pacto de Estado de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para afrontar la gestión de los flujos migratorios, con garantías de protección de los derechos fundamentales de los migrantes y la solidaridad de los distintos territorios autonómicos.
Durante el debate de la moción, el senador Chinea recordó que el Consejo Territorial de Derechos Sociales aprobó hace un año una estrategia para la distribución e integración de los menores no acompañados que llegan a las islas y denunció que desde entonces y a pesar de la situación crítica en la que se encuentra el sistema de acogida canario «no se ha hecho nada». El parlamentario de ASG recordó asimismo que el Gobierno de Canarias ha reclamado en numerosas ocasiones una ley que obligue a una distribución proporcional de los menores, algo a lo que sin embargo se ha opuesto el PSOE en el Senado. «Lo que hace falta es una reforma legislativa para garantizar la solidaridad obligatoria», señaló Chinea, aunque en aras del acuerdo evitó recogerlo en esos términos en el texto de su iniciativa. «El objetivo es que este asunto se desbloquee lo antes posible y estamos dando un paso importante al fijar una fecha límite para conseguir un acuerdo», expuso, «y espero que tras un sinfín de incumplimientos se haga realidad». El senador de La Gomera recalcó que la demora en buscar una solución ha llevado al límite la capacidad de acogida de las islas. «No se puede permitir que un territorio como Canarias siga asumiendo en solitario la gestión de un asunto que necesita una respuesta urgente para proteger los derechos fundamentales de los niños y adolescentes que no tienen referentes familiares cercanos», añadió. El texto inicial de la iniciativa fijaba la fecha límite para el acuerdo el 31 de julio, pero se amplió hasta final de año a propuesta del grupo socialista.
El PP presentó una enmienda a la moción, que no fue aceptada por Chinea, que pedía acometer los cambios normativos necesarios para habilitar un procedimiento legal que permita que los menores inmigrantes no acompañados en situación de desamparo en España y cuyos padres estén perfectamente identificados en sus países de origen, puedan ser devueltos al seno familiar «con todas las garantías legales» en atención al interés superior de los menores, en los términos contemplados en el acuerdo existente entre España y Marruecos. «Decimos sí a la solidaridad entre comunidades autónomas, pero legislando para que los menores no acompañados vuelvan con su familia», señaló el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, «porque entendemos que no hay mejor política humanitaria que devolver a un menor con sus padres», añadió.
En su intervención Ramos recordó que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tuvo «una gran oportunidad» en la Conferencia de presidentes celebrada en La Palma para arrancar un acuerdo estatal sobre menores pero «fracasó en el intento, evidenciando que no tiene ninguna influencia en La Moncloa», recalcó.
La enmienda del PP, que no se incluyó en el texto aprobado, recabó duras críticas por parte del senador del PSOE Santiago Pérez, quien se mostró «sorprendido» por las diferencias con otra iniciativa que el grupo popular presentó en octubre. «La propuesta de entonces fue constructiva, a favor de la distribución territorial de los menores, pero hoy piden medidas legislativas para repatriarlos», expuso Pérez, « y lo que ha pasado desde entonces se explica por las elecciones de Castilla y León y la dependencia que tiene el PP de quienes criminalizan la inmigración», añadió.
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