El Ministerio de Igualdad ha abierto este lunes un plazo de un mes para la consulta pública de la que será la futura ley contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que busca reparar el daño causado a las víctimas, imponer sanciones y mejorar las tasas de infradenuncias.

Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra hoy, en un acto en el que ha subrayado la voluntad del Gobierno de poder contar con una ley antirracista en esta legislatura.

El objetivo de estas futura ley ha indicado Montero será reconocer la existencia de un racismo sistémico y estructural que está presente en la sociedad española. “Debemos comenzar reconociendo esta realidad, igual que hemos reconocido que existe machismo en nuestras sociedades, también existe racismo y xenofobia y las fronteras de España y Europa no están exentas de esta realidad”.

Por eso, cree necesario reflexionar sobre el país que somos y caminar hacia el que debemos ser por una cuestión democrática y con el objetivo de mejorar la realidad de las personas víctimas de racismo, concretar sanciones a la discriminación racial y reducir el nivel de infradenuncias de las víctimas para combatir los altos niveles de impunidad de estos delitos.

“Las personas racializadas deben saber que pueden confiar en las instituciones y los poderes públicos, que estamos aquí para defender sus derechos”, ha destacado.

Montero se ha referido a la guerra de Ucrania y a dicho que el Ejecutivo debe prestar una especial atención a las situaciones de vulnerabilidad que sufren las mujeres que han salido solas de su país o acompañadas únicamente de sus hijos.

En este sentido, ha indicado que desde Igualdad y otros departamentos están trabajando en un sistema de medidas urgentes para detectar y garantizar la acreditación de los casos de víctimas de trata o explotación sexual.

“Tenemos que estar ahí y debemos redoblar los esfuerzos y reforzar el sistema de acogida, que debe ser una garantía para sus derechos”, ha destacado.