El Consejo de Ministros acordó ayer enviar al Parlamento una amplia reforma del Código Penal que introduce nuevos instrumentos en la lucha contra el crimen organizado, tipifica nuevos delitos e incorpora las directivas comunitarias contra la corrupción.

La reforma merece una valoración positiva global pero hay un importante aspecto en el que estamos en profundo desacuerdo: la supresión de la expulsión inmediata o automática de los inmigrantes ilegales que sean condenados a penas inferiores a seis años, una medida introducida por el Gobierno del PP en 2003.

En una resolución dictada en julio de 2004, el Tribunal Supremo ya había cuestionado la aplicación automática del artículo 89 del Código Penal, que determina la expulsión inmediata de los inmigrantes sin papeles tras ser condenados. El Supremo consideraba que el precepto podía vulnerar los derechos de las personas. Ahora, el Gobierno asume la filosofía de aquella resolución y deja, según la nueva reforma, en manos del juez la decisión de expulsar al inmigrante sin papeles o permitir que cumpla la condena en España. Se vuelve, con ello, a la antigua redacción del artículo 89, antes de ser modificado por el Gobierno de Aznar.

Creemos que esta marcha atrás es un grave error, ya que la razón que impulsó al PP a imponer la expulsión automática fue evitar la picaresca de inmigrantes sin papeles que cometían pequeños delitos para ir a la cárcel durante un breve periodo de tiempo y luego poderse quedar en España. Era un agujero negro que había que tapar y el Gobierno de Aznar lo hizo.

Que los inmigrantes sin papeles que delinquen en nuestro país puedan cumplir su condena sin la expulsión automática va a aumentar todavía más la saturación de las cárceles, en unos momentos en que los extranjeros representan ya un 30% de la población reclusa, con una fuerte tendencia a aumentar. Según los datos de los funcionarios penitenciarios, ocho de cada diez personas que ingresan en prisión son inmigrantes.

Dejar la puerta abierta al cumplimiento de la condena en España puede generar, además, un efecto llamada entre los delincuentes, que en muchos casos preferirán ser encarcelados en nuestro país que volver a sus lugares de origen, donde sus condiciones de vida serían mucho peores.

La reforma del Gobierno es, en este punto, una equivocación que todavía puede ser reparada durante la tramitación parlamentaria. En cambio, resulta acertado el endurecimiento del castigo al delincuente profesional, que será sancionado con una pena superior cuando forme parte de una banda organizada. También parece bien orientada la introducción de nuevos delitos económicos, como la falsificación de las cuentas o la gestión fraudulenta de los administradores.

Bien está que el Derecho Penal recoja las nuevas realidades sociales, pero el Gobierno debería evitar reincidir en errores que ya tuvieron penosas consecuencias.