«Hay que eliminar el contrasentido de que delinquir sea una manera de dificultar la expulsión». Éste fue el argumento utilizado por José María Aznar en 2002 para justificar la modificación del Código Penal que ayer fue fulminada por el Consejo de Ministros. La reforma implicaba que los inmigrantes con penas inferiores a seis años no cumplían su condena en España, sino que eran expulsados.

El Ejecutivo de Aznar había detectado numerosos casos en los que los extranjeros cometían delitos con el objetivo de dilatar los procesos judiciales, pasar un breve periodo en la cárcel y evitar su expulsión. El Ministerio del Interior había comprobado que algunos extranjeros con más de 100 delitos a sus espaldas campaban a sus anchas sin que la Policía ejecutase su expulsión.

Sin embargo, la medida de Aznar también conllevó consecuencias negativas. Las fiscalías de Ceuta y Melilla dieron la voz de alarma: los extranjeros no sólo no cumplían su condena en España, ni por supuesto en su país de origen, sino que al poco tiempo estaban de vuelta en nuestro país.

Fuentes de la Fiscalía del Estado afirmaron entonces que, a pesar de que a los gobiernos implicados se les notificaba la expulsión y se les adjuntaba una fotocopia de la condena, en la práctica las autoridades de terceros países no ejercían ningún control sobre estos inmigrantes que quedaban impunes, regresaban a España y volvían a delinquir.

La medida aprobada ayer paliará esta situación, pero contribuirá a aumentar la saturación de las cárceles. Los extranjeros presos ya suponen el 30% de la población reclusa y ocho de cada 10 nuevos internos son foráneos.