La Consejería de Bienestar Social y Sanidad que dirige María Antonia Garbín «no tiene ninguna intención de modificar ningún tipo de contrato, ningún tipo de convenio, ni cambiar la entidad que está gestionando el centro de reforma del Baluarte de San Pedro».

Así de contundente se mostró Garbín ante las últimas informaciones facilitadas por el secretario general de UGT, Ricardo Ruiz, quien auguró cambios en la gestión del centro tras la sentencia judicial que calificó de improcedentes los despidos de varios trabajadores del Baluarte.

«La Ciudad Autónoma no tiene nada que ver» con la empresa, por lo que no es cierto que se esté preparando una modificación para hacer desaparecer Proyecto Joven y crear otra entidad que gestione el recinto en el que cumplen condena los menores infractores. «Eso es muy rocambolesco y muy retorcido», sentenció.

Nuevo centro

Por lo que respecta a la construcción del nuevo centro de reforma en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, la consejera explicó que a final de agosto termina el plazo para la presentación de proyectos y, en cuanto se adjudique, «pasaremos al pliego de condiciones técnicas y administrativas para su construcción».

Se habla de un coste de tres millones de euros para poner en pie un centro que dará cabida a 56 menores. «Es un proyecto ambicioso, importante y muy necesario para la ciudad». Según dijo Garbín, «esperemos que antes de que finalice el año tengamos resuelta la adjudicación de la obra».

En la actualidad, algunos de los menores infractores condenados a su internamiento en régimen cerrado están ingresados en centros peninsulares por falta de espacio y por las deficiencias de infraestructura que presenta el centro melillense, un problema que se solventará a corto plazo.

Tras el traslado a las nuevas dependencias, el Baluarte de San Pedro se convertirá en un recinto histórico más de la ciudadela sobre el que han puesto los ojos varios empresarios hoteleros.