El Gobierno y las comunidades autónomas están de acuerdo en la «gestión coordinada» de la acogida a refugiados ucranianos en España. Y así lo plasmaron ayer en la declaración final de la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma. En concreto, el texto pactado habla de que «se habilitarán medios de financiación para hacer frente a los costes que se ocasionen a este respecto».

Pero es precisamente en esas dos palabras, financiación y costes, donde pueden surgir las discrepancias o dificultades futuras para un plan de acogida que el Ejecutivo central ya empezó a trazar en el Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando se dio a conocer que habría tres ‘hub’ o centros de acogida en Madrid, Cataluña y Alicante, en la Comunidad Valenciana.

En la cumbre de ayer con los presidentes regionales, Pedro Sánchez anunció un cuarto punto de acogida en Málaga.

El primero en solicitar fondos para afrontar esa acogida, que también incluirá la regularización de los ucranianos que se encuentren en nuestro país sin papeles, fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. El dirigente independentista enfatizó que su comunidad es una de las que más ucranianos tiene actualmente, más de 20.000 en concreto, y que por lo tanto será de las que «más familias», dijo, deba recibir.

Una compensación

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, solicitó la creación de un «comité de crisis» para abordar esa acogida de quienes huyen de la guerra en Ucrania. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que no se sabe «cuántos están llegando» y que «el Gobierno no ha articulado ningún mecanismo para saber cuántos pueden ser ni de dónde pueden venir».

Tanto Aragonès como Ayuso subrayaron la importancia de una «compensación» a sus territorios para afrontar el gasto en servicios públicos y alojamientos para quienes lleguen huyendo del conflicto.