COSTA RICA
Capital: San José
Gobierno: República
Población: 3.956.507 (2003)

La muerte de un inmigrante nicaragüense atacado por dos perros rottweiler ante la mirada de policías costarricenses derivó en la primera demanda entre Estados que atenderá el sistema interamericano de Derechos Humanos. Representantes de las cancillerías de ambos países centroamericanos se sentarán mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Guatemala, en la primera audiencia para determinar si se eleva a la Corte Interamericana (CIDH) un caso que va más allá de la muerte del joven indigente de 25 años, en la madrugada del 10 de noviembre.

“Con fe en nuestro sistema de Derechos Humanos, nos vimos obligados a recurrir a la Comisión el 6 de febrero, por incumplimiento de un país hermano en el deber de brindar las debidas garantías en la protección de los derechos de ciudadanos nicaragüenses que ahí viven”, afirmó el canciller nicaragüense, Norman Caldera, en un discurso ante autoridades de más de diez países.

El escepticismo prima ahora en la actitud de ambas Cancillerías. Nicaragua guarda una batería de argumentos hasta ahora ocultos para Costa Rica, cuyo principal argumento radica en que sigue abierta una investigación de los tribunales costarricenses, por lo que no se han agotado las instancias internas.

Cruce de acusaciones

Costa Rica, además, ha argumentado que Nicaragua no reconoció las potestades de la Comisión hasta febrero pasado, tres meses después de aquella madrugada en la que Natividad Canda agonizó durante tres horas, “vigilado” por los dos perros y a pocos metros de cuatro policías y el dueño de una bodega donde el joven pretendía meterse a robar, según testigos. El caso parece claro, pero el marco es bastante más complejo, con ribetes de revancha y el debate sobre nuevas leyes migratorias en Costa Rica, todo enturbiado por innegables y oscilantes cuotas de xenofobia en las calles.

La reclamación ante la Comisión llegó cinco meses después de que Costa Rica demandara a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, por derechos de navegación sobre el fronterizo río San Juan, todo un símbolo de identidad nacional nicaragüense.

Mientras esto ocurre, el Ejecutivo costarricense ha manifestado su intención de aplicar reformas sustanciales a una represiva Ley de Migración heredada del Gobierno anterior, cuyos principales afectados serían al menos 400.000 nicaragüenses que viven en este país, de 4,2 millones de habitantes.

Ya se han escuchado, sin embargo, voces de apoyo a medidas que las propias autoridades han comparado con las de la migra estadounidense. El ahorro de recursos en salud pública y educación es quizá el argumento más repetido, pero también abundan razones de “seguridad nacional”.