Dualidad de posturas en el seno del Gobierno de Canarias frente a la respuesta de España para acoger a los refugiados ucranianos. Mientras que el portavos del Ejecutivo, Julio Pérez, aseguraba ayer que el archipiélago debía mostrarse «solidario», como el resto de territorios europeos, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, declaraba que considera «contradictoria» la petición a Canarias cuando hace apenas unas semanas se reclamaba la falta de «espacios dignos» para albergar a personas migrantes que habían llegado a las costas.

Santana explicó en rueda de prensa que el pasado miércoles recibió una llamada del Ministerio de Inclusión del Gobierno de España para consultar la disponibilidad de la comunidad autónoma para la acogida de refugiados ucranianos, que a raíz de la activación de la Directiva de Protección Internacional se prevé la distribución de estas personas entre los distintos territorios del país. En este contexto, la consejera ha señalado que «difícilmente Canarias puede acoger a más personas» cuando recibe «a duras penas» a aquellos que llegan desde el continente africano.

A pesar de mantener esta postura, Santana ha mostrado «toda la solidaridad y empatía» con los refugiados ucranianos que se han visto obligados a desplazarse debido al conflicto con Rusia. Sin embargo, ha añadido que espera que en este caso sean otras comunidades con capacidad «las que abran sus puertas» ya que Canarias «lamentablemente» no dispone de espacio físico ni recursos económicos para afrontar estas nuevas acogidas.

Julio Pérez pide «compartir la carga», tal y como ha reclamado el archipiélago durante el último año
Por su parte, Julio Pérez considera que no es posible establecer comparaciones entre ambos escenarios y que, «siendo el nuestro grave, el del Ucrania es peor». Por tanto, ha argumentado, los europeos deben responder a la llamada de socorro que se pide, que es la misma que Canarias lleva un año reclamando: compartir la carga de un problema que se genera en las fronteras. «Cuando tengamos propuestas concretas, las daremos», añadió.

La consejera ha matizado que se trata de una acogida coluntaria, mientras que las competencias de las autonomías en materia migratoria se reducen a la tutela de menores extranjeros no acompañados. Un perfil que no es el de los refugiados ucranianos, puesto que la mayoría viene con sus familiares.

La dirección general de Protección a la Infancia ya anunció hace unas semanas que se dedicaba a hacer «encaje de bolillos» para garantizar las plazas de los menores migrantes y que «no cabe ni uno más». Solo gracias a la liberación de las pocas plazas que se produce –aunque sin periodicidad concreta– con la emisión de los decretos de edad han podido distribuir las nuevas llegadas. Con todo, la consejera ha reafiarmado estas declaraciones asegurando que Canarias ya no tiene ninguna capacidad para abrir más centros de menores.

Actualmente, las islas acogen a casi 3.000 niños y niñas en 48 dispositivos de emergencias y pretenden seguir reclamando un reparto equitativo entre los territorios. Protocolo que quieren se establezca por ley y no de manera «solidaria» como hasta ahora.