Hay realidades ante las que no podemos cerrar los ojos. Según datos de ACNUR, en el mundo existen actualmente alrededor de 82,4 millones de personas desplazadas; 41,3 millones de personas desplazadas internamente, y más de 26 millones de personas refugiadas. Las personas solicitantes de asilo alcanzan los 4,1millones y 37,000 personas huyen de su casa todos los días.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) trabaja, desde el 2004 en la defensa del derecho de asilo y los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad. El objetivo es visibilizar y sensibilizar a la sociedad catalana acerca de las problemáticas causadas por los desplazamientos forzados y los motivos estructurales que los ocasionan, a la vez que acompaña y brinda herramientas a las personas que se encuentran en esta situación. Consideran además que en la actualidad, existen otras casuísticas que originan desplazamientos forzados de población y que no se encuentran debidamente reconocidas en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales,: “Más allá de los supuestos recogidos en la Convención de Ginebra, en la actualidad existen otros factores de expulsión que tienen responsables y están vinculados a la vigencia de un sistema capitalista y depredador que arrebata la tierra y los medios de subsistencia a comunidades del Sud Global, por lo que se ven obligadas a dejar su hogar. A estos desplazamientos que principalmente son internos los catalogamos como migraciones voluntarias o económicas. ¿Pero hasta qué punto se pueden consideran voluntarias?” comenta la responsable de incidencia política de la CCAR.

Desde esta perspectiva, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat trabaja en dos áreas: atención a las personas en situación de desplazamiento forzado, con el objetivo de garantizar el derecho de asilo, y el resto de los derechos que les son inherentes, así como favorecer y acompañar sus procesos de inclusión social en Cataluña y el área de Incidencia política y social, que realiza proyectos de educación para el desarrollo en todas las líneas estratégicas y comunicativas de la entidad así como realiza campañas con la finalidad de incidir en la agenda política y mediática.

La entidad proporciona una atención integral de las personas refugiadas y migradas desde que llegan a un nuevo territorio de acogida, y les acompaña para alcanzar una inclusión social plena y una ciudadanía de pleno derecho. Con este objetivo se gestionan diferentes pisos de acogida, complementarios a los del sistema estatal de acogida, destinados para aquellas personas que no han podido entrar al sistema, han agotado su estancia en el mismo, o han sido denegadas de protección internacional o subsidiaria (el ratio de denegaciones en el Estado Español es del 95%), se trabaja en el diseño de itinerarios de inclusión social, formativa y laboral, se acompaña a las personas del colectivo de atención en para la realización de trámites administrativos (empadronamiento, inscripción escolar) y se brinda soporte jurídico de manera gratuita (solicitudes de asilo, tramitación de expedientes, recursos de reposición, entre otros).

Este trabajo, realizado en conjunto por diversas entidades del sector y colectivos y movimientos de solidaridad, ayuda a que menos personas queden en situación de extrema vulnerabilidad, ante la situación actual que vivimos.

Desplazamiento forzado por causas medioambientales
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En este escenario de trabajo, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat presentó en Diciembre un Observatorio de desplazamiento forzado por vulneraciones de derechos medioambientales, una herramienta útil para denunciar, concienciar y contribuir a reconocer las vulneraciones de estos derechos como causa objetiva para solicitar protección ya sea en el ámbito internacional o interno. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El Observatorio pretende dar visibilidad y denunciar la relación entre las vulneraciones de derechos medioambientales, fruto del impacto de las empresas transnacionales, con el desplazamiento forzado. Por otro lado, denuncia las acciones de estas grandes corporaciones que actúan con total impunidad y opacidad y, a través de diversas estrategias de cooptación, coerción y violencia, imponen su agenda y sus intereses para expoliar y arrebatar la tierra y los recursos naturales en detrimento de la garantía de los derechos humanos de las poblaciones locales que, en muchos casos, se ven sometidas a desplazamiento forzosos.

Por último, el observatorio busca dar visibilidad a las resistencias comunitarias y la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, mostrando como se encuentran fuertemente criminalizadas por la tarea que desarrollan, aunque también da fe de casos de éxito, apuntado que hay mucho que aprender de su perseverancia, capacidad de organización y defensa del territorio.