La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife acogerá la próxima semana el juicio contra los presuntos patrones de un cayuco que arribó a Los Cristianos con 91 personas a bordo, de las cuales 13 eran menores de edad, para quienes la Fiscalía pide 6 años de cárcel.

Según se recoge en el escrito de calificación facilitado a los medios de comunicación en el que no se especifica la fecha, las personas que iban en ese cayuco pagaron cantidades que oscilaban entre los 300 y los 400 euros al cambio y fueron expuestas a unas condiciones de riesgo.

Por un lado, porque iban hacinadas en una embarcación de 23 metros de eslora estando en situación de pandemia, y por otro porque ésta contaba con dos motores fueraborda, uno de los cuales se averió durante la travesía.

En total tardaron entre 7 y 8 días para cubrir un recorrido de 1.600 kilómetros a bordo de una embarcación «sobrecargada» y «absolutamente inadecuada» para un viaje de esta envergadura, sin medidas de seguridad y estabilidad y estanqueidadad «esenciales para enfrentarse a las condiciones de la mar, con grandes olas».

También carecía de chalecos salvavidas para todos los ocupantes, de herramientas para poder reparar averías de motor, así como de luces de posicionamiento, instrumentos de comunicación o medios para protegerse del sol o del viento y el agua.

Los procesados, según sostiene la Fiscalía en su escrito, aceptaron, en connivencia con los organizadores del viaje, que se quedaron en tierra, hacerse cargo del manejo del cayuco, que partió de las costas senegalesas rumbo a Canarias, y durante el trayecto se repartieron diferentes labores.

Unos, del manejo del timón y el motor de la embarcación por turnos, otro del GPS y de marcar el rumbo, y otro de mantener el orden durante la travesía cuando se producían altercados, impartir instrucciones a los ocupantes y repartir y racionar la comida a todos.