El Ayuntamiento de Arrecife, en versión de su alcaldesa, Ástrid Pérez, considera que ha habido «descoordinación del Gobierno central en materia de inmigración y en relación con la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)», según réplica dada este miércoles a la decisión tomada en Consejo de Ministros que deja al Consistorio al margen de la infraestructura instalada junto a la comisaría, en una parcela cedida por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La queja local se basa en que el Consejo de Ministros dio luz verde el martes al Plan de Actuación en Infraestructuras del Ministerio del Interior, autorizando el CATE por interés general, justo al posterior de que la Dirección General de la Policía hubiera registrado el una nueva solicitud de licencia urbanística para las naves colocadas el pasado otoño en Naos, ya en condiciones de entrar en servicio.

El acuerdo del Consejo de Ministros permite la declaración de interés general para los CATE, y establece que «en el plazo de un mes, después de la mera comunicación del proyecto a la administración urbanística competente, puedan iniciarse las obras sin que se precise la concesión de licencia municipal alguna».

En versión de la regidora, «el Gobierno tira de decretazo para instalar una infraestructura que desde el punto de vista urbanístico era muy complicado autorizar, y más existiendo un informe de Protección Civil que advierte del riesgo para la integridad de las personas que allí se alojen cuando se produzcan lluvias». Con este fundamento se critica por parte local «la descoordinación, la falta de comunicación y la política de hechos consumados del Gobierno central y del Ministerio del Interior que ni siquiera comunica a la Dirección General de la Policía que no era necesaria una nueva licencia urbanística dado que el Consejo de Ministros aprobaría la instalación del CATE por interés general».

Para la alcaldesa capitalina, «el interés general al que alude el Gobierno para imponer el CATE también debería existir para instalar un SIVE en el norte de la isla, que lleva años almacenado, y que evitaría la muerte de seres humanos que llegan en patera, o para tratar a los inmigrantes como personas y no hacinarlos en naves insalubres».

Por parte del Ayuntamiento de Arrecife, al menos considerando a la parte del gobierno local con integrantes del Partido Popular, «el inicio del expediente de legalización urbanística del CATE no sólo supone el reconocimiento del Ministerio de Marlaska de que no cumplió con la legalidad en la primera solicitud presentada, y dada por desistida por el Ayuntamiento el pasado mes, sino que es una prueba de la descoordinación que existe en ese Ministerio y en el Gobierno de Sánchez en cuanto a la política migratoria».

No constaban hasta casi el mediodía de este miércoles reacciones de los demás partidos que forman parte del gobierno capitalino, caso de Coalición Canaria (CC), Nuevas Canarias (NC) y Somos. En la rueda de prensa del lunes de la alcaldesa para dar cuenta de aspectos del CATE, Ástrid Pérez estuvo arropada por ediles de su formación y por Eli Merino (Somos), mientras que no hubo representación de CC y NC. Ya entrada la tarde se supo de un comunicado de CC a nivel regional, en sintonía con la alcaldesa.