Los universitarios que cada verano buscan piso o los trabajadores que se mudan a la ciudad conocen bien esta vieja fórmula: una agencia les cobra entre 150 y 180 euros por acceder a una lista de pisos de alquiler con las condiciones que ellos buscan. Pero los 124 denunciantes que testificarán en un juicio a lo largo de esta semana se toparon con ofertas de pisos auténticamente ruinosos: «Lo pedí céntrico y estaba superlejos al que no llegaba el bus urbano, era un añadido a una casa [un galpón], sin tejado o, mejor dicho, con un techo de uralita. El señor que me lo enseñó, no sé si era el dueño, comentó que se lo alquilaban a temporeros e inmigrantes ilegales».

El juicio por las supuestas estafas a 154 suscriptores de estos servicios de ofertas inmobiliarias entre el 2013 y el 2017 comenzó ayer en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. La única acusada, regente de la agencia, que cambió seis veces de nombre, y se declaró inocente. La Fiscalía pide 3 años de cárcel y que devuelva 23.000 euros que se embolsó.

Una denunciante declaró en la sala por videoconferencia, con un sonido de mala calidad, que, cuando fue a la agencia HomeInfo, una con la que operaba la acusada, «me dijeron que si quería ver las fotos tenía que pagarles 180 euros». Sin embargo, según relata la testigo, no llegó a ver el piso que le interesaba «ni me dieron el contacto del dueño ni lo vi porque durante un año me dijeron que él estaba en el extranjero». Tuvo más quejas: «Otro piso que visité estaba en mal estado de conservación y el propietario me dijo que no lo quería alquilar y que desconocía a la agencia. No me dieron la hoja oficial de reclamaciones, tuve una disputa y me fui directamente a Consumo».

La acusada lo negó todo. «Jamás en 20 años que llevo trabajando he tenido 150 y 200 reclamaciones; he tenido inspecciones, entraban por la puerta todos los años preguntándome por las hojas de reclamación y contratos de suscripción, me pedían de todo. Jamás he tenido una sanción administrativa», alegó la acusada, que trabajó para la franquicia HomeInfo y luego en otras cinco empresas con distinto nombre.

«Devolví dinero a gente agresiva porque le tenía miedo, no porque hubiese tenido un mal servicio», indicó la mujer. Añadió que «toda la gente quería un piso bonito, barato, bueno y, además, céntrico y luego se decepcionaron porque no siempre se cumplían sus expectativas». Inició un arbitraje con los clientes descontentos pero se retiró.

Una subinspectora de Consumo confirmó que los clientes reclamaron porque no le facilitaban los servicios contratados. Extrajo una relación de pisos buscados que no estaban disponibles. Recalcó que la acusada nunca presentó una autorización por escrito de los propietarios para visitar las ofertas. El juicio sigue hoy.