El pasado 17 de septiembre la asociación cultural y vecinal Cofiris realizó su último reparto de alimentos en el local social de Zárate, en el que llevaba más de ocho años atendiendo a numerosas familias en situación de vulnerabilidad de San Nicolás y de diferentes barrios del Cono Sur, tras recibir la orden del Ayuntamiento de desalojarlo bajo el argumento de que estos espacios municipales no estaban destinados a almacenar y distribuir esos productos.

Los voluntarios de esta entidad colaboradora con el Banco de Alimentos se vieron obligados a buscar un espacio alternativo en el que poder seguir con su tarea ante la falta de alternativas. Una circunstancia que también afrontaron otras entidades de carácter social que finalmente no han podido seguir con su labor.
Pero en Cofiris, explica su presidente Israel Medina, pudieron acondicionar un pequeño local de alquiler que la entidad usa para actividades con los vecinos en San Nicolás y almacenar en él los alimentos.

Explica que esta circunstancia hizo que el reparto de octubre sufriera un retraso pero ya el de noviembre lo acometieron sin demoras. Y que han podido repartir los productos entre las cerca de 50 familias que atienden en estos momentos gracias a Acción Social CaixaBank y Fundación «la Caixa», «que se pusieron en contacto con nosotros porque estaban preocupados porque esas personas se iban a quedar sin comer y nos ayudan con el transporte».

Sin embargo, Medina reconoce que la respuesta del Ayuntamiento ha sido bien diferente y tiene la sensación de que «está ninguneando a las asociaciones vecinales que han venido atendiendo el reparto de alimentos». Centra esta sospecha en que «no nos están derivando familias y las mandan al Fondillo». Algo que dice complica la vida de personas sin recursos «que tienen que coger hasta 5 guaguas para ir desde el Cono Sur al Fondillo».

Medina indica que esta decisión del Consistorio afecta a muchas personas y por eso «lo que hacemos es repartir los alimentos a los vecinos de San Nicolás en el local y el resto se lo llevamos a la gente a sus barrios».

Asegura que han pedido varias veces «explicaciones sobre el motivo de que nos estén derivando familias» la última vez «por escrito del 15 de noviembre» ya que «estamos my bien valorados tanto por los usuarios como por los trabajadores sociales». Pero no han recibido respuesta.

También la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados se vio obligada a buscar un espacio en el que atender la necesidad de muchas familias en riesgo cuando en septiembre de 2020 «el Ayuntamiento nos cerró el local sin previo aviso», señala Isabel Alfaro, presidenta de la entidad, al recordar el cambio de cerradura que realizó el Consistorio en la Casa del Migrante, donde realizaban esta tarea.

En su caso, optaron por trasladarse a un local en la calle Azafata Delgado, en el barrio de Cruz de Piedra, cuyo alquiler costean para poder prestar atención a personas que carecen de lo básico. Pero reconoce que «nos hemos quedado muy preocupados por la situación de muchas personas» a las que ahora no llegan.

Alfaro lamenta la falta de apoyo municipal a la labor que entidades como la suya desarrollan en la capital grancanaria pues entiende que llegan a donde no lo hace el Consistorio, con lo que eso implica.

Así, señala que «muchas de las familias que nos llegan nos dicen que las asistentas sociales les dan cita de 45 días a dos meses», pero «el hambre no espera» por eso «acuden a nosotros».

Apunta que «ayudamos en lo que podemos» y tiene claro que «los voluntarios somos los que hacemos que no se vean pobres en las calles».

Explica que en el caso de la asociación a la que pertenece, los servicios sociales municipales les siguen derivando personas «porque tenemos una asistente social» y «cada seis meses se revisan los expedientes».

Además explica que entre las 160 familias a las que ayudan «gracias al banco de Alimentos» y que «suponen más de 350 personas», hay muchos inmigrantes que no acuden a los servicios municipales pues «en muchos casos no tienen papeles».

Pese a todo esto, se queja de que «del Ayuntamiento no estamos recibiendo ayuda». Y denuncia que «es todo lo contrario, nos ponen más piedras en el camino».

José Antonio Silva, presidente de la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales, Avesar, tampoco escatima en críticas al Ayuntamiento capitalino. «No nos hacen no caso», asegura quien dice llevar «once meses haciéndoles ruegos, porque ya no son ni peticiones», sin resultado.

«Nos siguen derivando gente de Servicios Sociales, pero no nos hacen caso», afirma. Y lamenta que «muchas asociaciones han dejado de repartir por falta de apoyo» a la hora de facilitarles un espacio y costearles el transporte, «que no es tanto dinero».

Silva dice que el Ayuntamiento le pone «muchas trabas para ayudar a los más vulnerables» y le pide que «nos quiten la miseria» impulsando un plan de inserción. Por ultimo hace un llamamiento sobre el hecho de que «ahora viene la campaña navideña» y «muchas familias se enfrentan al problema de no saber si podrán poner algo a su mesa».