El balance de cuatro años de funcionamiento del programa de atención a personas migrantes en tránsito, a cargo de instituciones y agentes del sector social de Euskadi, revela que los flujos que se originan a miles de kilómetros arrojan a nuestra tierra a cientos de seres humanos en su incierto camino hacia Francia y el resto de Europa. La evolución anual de las llegadas se corresponde con los picos de afluencia desde las costas africanas. El de 2018, de hecho, reveló la necesidad de crear una red de asistencia, menos tensionada en los dos siguientes ejercicios por las restricciones de la pandemia pero de nuevo sometida a una gran exigencia en los últimos doce meses con 8.115 beneficiarios. Gentes a las que ayudar en sus necesidades básicas de higiene, alimentación u orientación legal, a las que intentar librar de la explotación de mafias internacionales o autóctonas e informar de algo tan básico como de que el cruce del Bidasoa puede costarles la vida. La colaboración entre autoridades del País Vasco, Canarias e Iparralde resulta fundamental para este verdadero ejercicio de acogida en un panorama en el que las necesidades de la inmigración desbordan al Gobierno central competente y dividen a Europa.