Ambos países africanos se niegan a aceptar a cinco marineros subsaharianos que llevan 16 días en tierra de nadie Los roces entre Mauritania y Marruecos a causa de los flujos migratorios van en aumento. Las autoridades de Nuakchot no ocultan su malestar, ya que, según aseguran, Marruecos abandona inmigrantes en tierra de nadie para que los agentes mauritanos se vean obligados a aceptarlos en su territorio.

De hecho, el ministro del Interior mauritano, Mohamed Lemine, ha reconocido abiertamente que su política de Extranjería y la colaboración con el Gobierno español le está ocasionando fricciones con sus países vecinos.

El último enfrentamiento entre ambos países amenaza con eclipsar cualquier guión cinematográfico. Cinco marineros subsaharianos llevan 16 días abandonados en tierra de nadie – en un lugar llamado Kandahar – , ya que ni Marruecos ni Mauritania les permiten traspasar sus fronteras.

Los cinco hombres, de Sierra Leona, Senegal, Ghana y Gambia vagan desde el 28 de junio en una zona minada, a la intemperie, sin aguas ni alimentos. A pesar de las intensas gestiones de la ONG Médicos del Mundo, ni Marruecos ni Mauritania dan su brazo a torcer, mientras la situación de los subsaharianos se va tornando cada día más desesperada. El origen de esta rocambolesca historia se remonta al 17 de junio, cuando los afectados embarcaron en un buque español llamado Captain MV Sola. Los subsaharianos no son inmigrantes sin papeles, sino marineros contratados por un patrón español. Cuando estaban embarcados a la altura de Dajla – antigua colonia española del Sáhara Occidental – , la nave se quedó sin combustible y tuvo que acercarse a la costa.

Fue entonces cuando el patrón recibió la orden de regresar a España para adquirir alguna pieza y arreglar una posible avería de la embarcación. Según informa la coordinadora de Médicos del Mundo en Nuadibú (Mauritania), Pino González, antes de marcharse el patrón dejó supuestamente arreglada la situación de los marineros, que firmaron un salvoconducto. Pero, una vez que el patrón se fue, comenzó el calvario para los subsaharianos. Los trabajadores fueron apresados en Dajla por la Gendarmería marroquí, quien les arrebató sus documentos y les envío en dos taxis en dirección a Nuadibú.

Durante el camino, un agente marroquí les comunicó que podrían entrar en Mauritania y, desde allí, dar el salto a sus países. «Al llegar al puesto fronterizo, los gendarmes marroquíes les dejan pasar a pie. Allí sellan el pasaporte al chico senegalés, les hacen dejar los documentos firmados por el patrón del barco y les dicen que se dirijan al control mauritano», explica Pino González.

Los subsaharianos comenzaron a andar los cinco kilómetros que separan los puestos de control de ambos países, pero su sorpresa fue mayúscula cuando la Gendarmería mauritana les comunicó que no podían entrar porque carecían de visados. La sorpresa se tornó en sobresalto cuando al regresar al puesto marroquí, también les denegaron la entrada. Para más inri, los inmigrantes se encuentran en una zona minada y Médicos del Mundo les ha advertido que no deben alejarse de la pista de tierra marcada por el paso de los vehículos. Los inmigrantes sólo mantienen contacto con esta ONG, que les ha proporcionado analgésicos, alimentos, agua y mantas.

Médicos del Mundo ha pedido la intervención de las autoridades españolas, ya que la Junta Militar mauritana, el gobernador de Nuadibú y el cónsul de Marruecos se pasan el balón de un país a otro y se niegan a que puedan cruzar alguna de las dos fronteras.

La cadena de responsabilidades del barco también se diluye como un azucarillo. Los marineros aseguran que Manuel Otero es el dueño del buque, pero éste lo niega y afirma que sólo ha sido contratado como supervisor por una empresa inglesa. Otero alega que el buque es irrecuperable y echa las culpas al consignatario gambiano. «Esta situación ilustra las políticas migratorias que rigen en Marruecos y Mauritania. El hecho de ser subsahariano y estar en cualquiera de los lugares que se relacionan con las rutas migratorias despoja a las personas de sus derechos», denuncia la presidenta de la ONG, Teresa González.