La Sindicatura de Greuges de Catalunya ha entregado este martes ante el Parlament una radiografía poco complaciente sobre los derechos de los niños, un ámbito en el que se ha registrado una contradicción. Han aumentado “de manera relevante” las inversiones, pero “sin que se produzcan las reformas estructurales necesarias para desencadenar cambios significativos”. Es decir, más dinero no siempre implica mejoras.

El Síndic, Rafael Ribó, ilustra esta aparente paradoja con un dato sangrante. La Renta Garantizada de Ciudadanía ha incrementado un 50% los niños que se benefician de estas ayudas, aunque la pobreza infantil crece y en el 2020 afectaba al 33,4% de la población estudiada, cinco puntos más que en el año anterior. A veces este es un problema invisible. A veces, está a la vista de todo el mundo, aunque no se quiera ver.
El documento denuncia que en el 2021, en pleno siglo XXI, aún quedan en Barcelona 81 asentamientos de chabolas, donde malviven un total de 409 personas; de ellas, 59 niños. La cifra se ha reducido un poco (63 niños en el 2019; 94 el 2018), pero continúa siendo intolerable. Y las infraviviendas no solo están en estos campamentos. Entre enero y septiembre pasados, casi 600 familias con niños esperaban una vivienda social.

Se trata de hogares que ya han recibido una resolución favorable de la llamada mesa de emergencias para la asignación de una vivienda, pero el escaso parque público disponible provoca que estas personas especialmente vulnerables y desahuciadas tengan que alojarse “en condiciones inadecuadas” en pensiones, centros de acogida y otros recursos asistenciales a la espera de recibir el piso que ya tienen apalabrado y concedido.
El informe recuerda que la Generalitat ha aumentado el presupuesto a la atención de la infancia y la adolescencia casi un 40% entre el 2016 y el 2020. El incremento “se ha destinado fundamentalmente al crecimiento de la oferta de plazas residenciales necesarias para afrontar la llegada de adolescentes migrantes no acompañados, próximos a la mayoría de edad y que mayoritariamente son asignados a recursos residenciales”.

La situación de la infancia necesita medidas más efectivas para “erradicar la pobreza infantil y la exclusión residencial de los menores, el abandono educativo prematuro, las desigualdades en el acceso al ocio educativo o la violencia sexual contra niños y adolescentes”. En último lugar, pero no por ello menos importantes, se encuentran la mejora de la atención a la salud mental y el acogimiento familiar tutelado de los más pequeños.

Las denuncias, primera parte
Radiografía de la sociedad
1
Crece la pobreza infantil. La Administración lucha contra “la crisis económica derivada de la pandemia” con una mejora de las inversiones. Hasta octubre pasado, ya se había invertido casi un 34% más en la Renta Garantizada de Ciudadanía que en todo el 2020 (358 millones de euros, 90,5 millones más), pero estas ayudas tienen un impacto reducido en la disminución de la pobreza infantil, que ha crecido.
2
Empeora la salud mental de niños y jóvenes. Otro factor preocupante. Ha subido un 25% la inversión en salud mental en el último quinquenio, pero se agrava el bienestar en este ámbito de los más jóvenes.
3
No se consolida el acogimiento familiar. Flaquea el acogimiento familiar de menores tutelados, que se hallan la espera de que se solucione el problema que ha motivado la retirada de la tutela de sus padres. La elevada presencia de bebés y niños de menos de seis años en centros es uno de los principales déficits del sistema de protección a la infancia: 94 niños de menos de tres años, y 178 de menos de seis.
4
Cada vez hay más adolescentes víctimas de violencia sexual y ataques racistas y homófobos. Hay protocolos contra estas lacras, pero “están infrautilizados”. Hace falta que estas herramientas sean debidamente conocidas por los profesores “y utilizadas de manera efectiva en beneficio de los niños”, sobre todo si se trata de violencias más sutiles y normalizadas, que no siempre se denuncian.
5
El impacto de la pandemia. La crisis provocada por la covid ha afectado de manera negativa al acceso de los niños a servicios que atienden sus necesidades sociales y educativas. Esta menor cobertura, aunque sea temporal, puede perjudicar su desarrollo, denuncia el Síndic. Un ejemplo: el coronavirus ha provocado una reducción del 19% de matriculaciones de alumnos en educación infantil de primer ciclo.
El documento también subraya asuntos que han sido objeto reciente de la atención de la prensa, como el crecimiento de las tentativas de suicidio. Como publicó este diario, estos intentos se han duplicado entre septiembre del 2020 y el pasado mes de marzo, especialmente en chicas de entre 12 y 18 años. La reducción de la actividad lectiva y extraescolar presencial es una de las causas que explican este incremento.

Según el documento, en otros casos los detonantes han podido ser las dificultades económicas, el aumento de los conflictos y la violencia familiar, así como la dificultad de acceso a los recursos sanitarios. El 10,6% de la población de 4 a 14 años de Catalunya es candidata a sufrir trastornos mentales. Y, como en todo, este riesgo está muy desigualmente repartido: a más pobreza, más peligro y menos recursos para salir a flote.
La Encuesta de Salud de Catalunya confirma que los niños de 4 a 14 años de familias con ingresos bajos “tienden a estar más preocupados, nerviosos y tristes”. También son más propensos a padecer trastornos mentales. La pandemia ha golpeado con fuerza “a los menores socialmente más desfavorecidos”. Este es otro de los ejes del documento entregado esta mañana en el Parlament: se ahonda la brecha entre ricos y pobres.

Esa brecha social que denuncia la Sindicatura es tan visible en la educación y actividades extraescolares, que merece un punto y aparte. Un alto cargo de la institución resume así el informe: “Han aumentado las inversiones, pero no han supuesto una mejora sustancial ante el crecimiento de los problemas estructurales y de las necesidades, así como por la falta de medidas focalizadas”. Focalizadas o más certeras.

Las denuncias, segunda parte
Radiografía de la educación
1
No avanza la educación inclusiva. El informe constata la falta de recursos suficientes para atender adecuadamente en los centros ordinarios a los alumnos con necesidades educativas especiales.
2
La lucha contra la segregación escolar se ralentiza. La Sindicatura y la Generalitat suscribieron un pacto en el 2019 para la igualdad educativa: de las actuaciones previstas solo cuatro se han cumplido y 22 están en trámite. Y la nave va, pero más lento de lo que se querría. ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad educativa? Un ejemplo: más de la mitad de los centros de elevada complejidad han perdido la sexta hora (la de las actividades complementarias). Sin este recurso, los alumnos hacen 175 horas menos en el curso (1.050 durante la primaria, “lo que equivale casi a un año lectivo”).
3
Se dispara el abandono educativo prematuro. La tasa de abandono escolar prematuro en Catalunya es del 17,4%, cuando la media de la UE se sitúa en el 9,9%. La oferta de formación profesional se ha incrementado, pero “continúa siendo insuficiente para atender las necesidades existentes”.
4
Otra brecha entre niños ricos y pobres: el ocio. Pese a la mejora de la inversión durante la pandemia, las desigualdades en el ocio educativo se han incrementado. Más de 100.000 niños de 3 a 14 años han dejado de participar en actividades deportivas. Y más de 60.000, en extraescolares no deportivas.
5
La exclusión residencial de familias con niños. En el 2018 había 22.170 viviendas sociales en Catalunya; en el 2020, 24.054. Este crecimiento “es poco significativo atendida la demanda y el contexto de la crisis económica y de la pandemia”. La situación es especialmente grave para las 597 familias vulnerables y con menores a su cargo pendientes de recibir la vivienda que en teoría ya les han concedido.