El Congreso de los Diputados acordó ayer que sea el secretario de Estado de Seguridad y no el ministro del Interior quien explique a los grupos parlamentarios las circunstancias en las que murieron tres inmigrantes subsaharianos al intentar saltar la valla de Melilla el pasado 3 de julio. El PP reclamó que fuera Alfredo Pérez Rubalcaba y no Antonio Camacho quien aclarase los hechos, pero ningún otro partido secundó su petición.

Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales de los populares, exigió a Pérez Rubalcaba «que dé la cara» para informar del resultado de la autopsia de los tres extranjeros. El PP quiere saber si los inmigrantes fallecieron por neumonía, por aplastamiento o si fueron las balas de los guardianes de la frontera las que causaron su muerte. Criticó la sustitución de la valla que había instalado el Gobierno anterior en la ciudad porque, a su juicio, la nueva no ha impedido que se repitan los asaltos.

«Hay que tener cara para no reconocer la realidad», replicó el portavoz socialista en la comisión de Interior tras manifestar su pesar por las tres muertes. Antonio Hernando defendió que la nueva valla de Melilla es «mucho más inofensiva que la sucesión de cuchillas puntiagudas» que instaló el Ejecutivo del PP. Preguntó a Pastor si es que preferiría que no hubiera ningún tipo de control en la frontera.

Error de los socialistas

El PSOE rechazó la comparecencia de Pérez Rubalcaba en la Diputación Permanente. También votó en contra de la de Camacho, a pesar de que su intención era pedir que el secretario de Estado diera explicaciones de lo sucedido en el Congreso, como él mismo e IU solicitaron. El error de los socialistas en la votación no tuvo ningún efecto puesto que la solicitud salió adelante con los votos del PP y de los grupos minoritarios.

Por otra parte, el PSOE impidió que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, informe al Congreso durante las vacaciones parlamentarias de la situación de los menores no acompañados en las islas Canarias. Coalición Canaria quiere que el Gobierno convoque una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Inmigración para enviar a la península a algunos de los más de 400 menores no acompañados que permanecen en las islas y que no pueden ser devueltos a sus países de origen.

El PSOE reconoció que hay un problema con las partidas presupuestarias y ofreció que la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, comparezca a partir de septiembre en el Congreso para analizar este problema.