La Segunda Guerra Mundial provocó un éxodo masivo de personas como no se había conocido antes. Y, como consecuencia, la comunidad internacional fue capaz de alcanzar un acuerdo internacional de protección de las personas refugiadas. Fue el Convenio de Ginebra de 1951, que se mejoró con un protocolo adicional en 1967. Fue una época en la que, conscientes de la enorme tragedia que supuso el conflicto mundial, los Estados aprobaron también, en el marco de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Y en un plano más regional, el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Este marco legal e institucional construido tras la guerra supuso un «salto de humanidad» sin precedentes.

Pero todo eso está hoy en entredicho. Los tiempos han cambiado y la memoria de las sociedades es muy corta. 2021 queda muy lejos del espíritu de 1951.

Hoy Europa ya no acepta a refugiados. Las imágenes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia resumen gráficamente la crudeza del rechazo a las llegadas de migrantes y refugiados a los límites exteriores de la Unión Europea. Para los que consiguen entrar, el Reglamento Dublín de la UE prevé que la solicitud de asilo se tramite en el primer país de llegada del candidato, lo cual ha sido la excusa perfecta para la creación de cuellos de botella como los deplorables campamentos en Grecia donde se agolpan personas huyendo de los conflictos de Oriente Medio. La Comisión Europea intentó sin éxito durante la crisis de 2015 una distribución equitativa de parte de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros de la UE. La incapacidad que hubo de pactar unas cuotas para el reparto de refugiados roza el escándalo, solo aliviado por el liderazgo de la señora Merkel y la generosa respuesta de Alemania. Acogieron a un millón de refugiados y además hoy pueden contarlo como una historia de éxito.

El drama de las personas intentando entrar irregularmente a un país europeo debe impulsarnos a ahondar en la reflexión. Es a veces hasta heroico el esfuerzo de las personas que tratan de cruzar fronteras, terrestres o marítimas, arriesgando su vida y a veces perdiéndola. La alternativa a medio y largo plazo solo puede ser paz y desarrollo allá de donde vienen, a lo que los países democráticos y ricos tienen el deber de contribuir, además de la necesidad de desarrollar, en diálogo con los países de origen y tránsito, cauces para una migración legal, segura y ordenada.

Hasta que esto ocurra, aquellos que buscan una vida mejor o escapan de atrocidades en su país seguirán llegando a las fronteras de la Unión. Y es descorazonador comprobar que los intentos de hacer avanzar un pacto europeo sobre migración y asilo están estancados. Mientras tanto, el control migratorio europeo es cada vez más agresivo: procedimientos acelerados de identificación en las fronteras, aumento de poder y efectivos de Frontex, externalización del control migratorio y de asilo a terceros países a cambio de dinero, etcétera.

La realidad es que el derecho de asilo está resquebrajándose. Los flujos migratorios hoy son, con cierta frecuencia, flujos mixtos de migrantes y refugiados y las diferencias no son siempre nítidas. Dramático asimismo es observar con rubor que, en ocasiones, las causas de los desplazamientos son conflictos en los que nuestros países han participado. Guerras o conflictos en los que a menudo se ha entrado sin saber cómo se iba a salir o qué consecuencias tendrían.

EASO (Agencia Europea de Asilo), FRA (Agencia Europea de Derechos Fundamentales) y el SECA (Sistema Europeo Común de Asilo) no pueden ser instituciones decorativas que sirvan de coartada al hecho de que la protección internacional de los perseguidos ha dejado de ser un derecho para convertirse en una molestia para las administraciones. Los que vivieron el exilio tras la Guerra Civil y la dictadura posterior pueden recordarnos la importancia de mantener vivo el derecho de asilo en Europa, que fue en su día cuna de los derechos humanos.