Andorra, que vive básicamente del turismo y del comercio, no debería imponer condiciones de residencia más severas que sus vecinos Francia y España. Llama la atención su política de exclusión sanitaria aplicada a quienes pretenden afincarse en su territorio, y que han llevado a sus servicios de inmigración a negar 950 permisos de residencia por motivos de salud entre 1998 y 2005. Es posible que no sea ilegal exigir un reconocimiento médico previo a la autorización de residencia y a la de trabajo, como alega el Departamento de Justicia del Principado. Pero lo es – al menos vulnera los convenios internacionales sobre el derecho al trabajo y la movilidad de las personas – que una enfermedad o dolencia se conviertan en obstáculo infranqueable al ejercicio de tales derechos. Y eso es lo que hace Andorra estableciendo de hecho una lista de enfermedades o dolencias prohibidas para residir en su territorio, desde síndromes raros como el de Hunter hasta cánceres de mama o depresión, pasando por hepatitis, diabetes, alcohol o drogas, VIH o simplemente sufrir obesidad. La Asociación de Médicos Progresistas, que viene denunciando esta situación, eleva la lista a 88 dolencias, la mayor parte de ellas no infecto – contagiosas.

Andorra rige su vida por una Constitución – aprobada en 1993 – y sus instituciones de origen medieval han evolucionado hacia estándares de democratización europeos. Ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no ampara una política de salud pública convertida en medio de exclusión de personas y trabajadores y que, por tanto, podría ser denunciada ante el Tribunal de Estrasburgo. España y Francia también disponen de instrumentos legales para actuar.